La Guardia Civil ha investigado a un total de 22 empresas situadas en las provincias de Alicante (6), Valencia (4), Murcia (6), Almería (2), Málaga (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) y Mallorca (1) como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuados de contaminación por medio del tratamiento y comercialización incorrecta de residuos peligrosos procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos.
Las distintas compañías habrían contaminado la atmósfera con más de 35.000 toneladas de CO2 debido a que gestionaban residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos de forma irregular, lo que provocaba la emisión de gases de efectos nocivos. En el marco de la operación «Redivivu» a nivel nacional e internacional, llevada a cabo durante más de un año por el Seprona, los agentes han examinado documentación que indica que casi 600.000 kilos de compresores han sido enviados a Pakistán sin que se pueda acreditar una correcta descontaminación.
Además, los investigadores han localizado más de 133.000 kilos de compresores (15.019 unidades) en las empresas inspeccionadas de Alicante, València, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca. La suma total de los compresores enviados a Pakistán y los encontrados en territorio nacional supondrían una emisión aproximada de 35.385 toneladas de CO2 a la atmósfera.
La investigación comenzó el febrero del pasado año 2020 durante la inspección a una empresa gestora de residuos, cuando los agentes descubrieron que el tratamiento y comercialización que daban a los componentes procedentes del tratamiento para la descontaminación de aparatos eléctricos o electrónicos era totalmente incorrecta, según fuentes del Instituto Armado.
Los agentes sospechaban que podría haber más empresas implicadas, por lo que se decidió investigar los lugares de origen y tránsito de estos y otros residuos, así como el destino final de los mismos. En total, se inspeccionaron 43 empresas en las provincias de Alicante, València, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.
En muchas de ellas se localizaron compresores sin descontaminar y que no contaban con las autorizaciones preceptivas para el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). Sin embargo, el método más habitual fue el de la «canibalización», que consiste en desmontar los aparatos rompiéndolos de forma abrupta o cortando directamente los tubos de los frigoríficos para conseguir sacar el cobre u otras piezas de valor del interior.
Del estudio de la documentación, los agentes comprobaron que el destino de los compresores era Pakistán, donde finalmente se les valoraría en una planta de desmantelamiento para su posterior fundición.
