Desde que hace más de 5 años les Corts Valencianes aprobaran una declaración institucional para poner freno al «drama» de los desahucios, 47.853 familias han perdido sus hogares, según datos del Consejo General del POder Judicial (CGPJ). Es decir, en la Comunitat Valenciana se han producido 22 desahucios cada día, durante 5 años. Solo durante el primer trimestre de 2021, han perdido el techo 1.553 familias, 17 cada día. La sangría no cesa y quien pierde su vivienda porque no puede pagar la hipoteca o el alquiler sale del circuito del mercado libre y no puede volver a entrar. Ayer, las PAH’s (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) de 14 ciudades españolas se manifestaron para exigir una prórroga en la moratoria antidesahucios. En València, la protesta comenzó en la plaza de la Virgen y concluyó en les Corts Valencianes, donde PAH València registró otra declaración institucional para que el parlamento valenciano se sume a su reivindicación.
La herramienta que ideó el Gobierno para «blindar» a las familis vulnerables y evitar que perdieran el techo en pandemia se realizó en forma de decreto antidesahucios que tiene fecha de caducidad: el 9 de agosto. La PAH, que conoce de primera mano lo que implica perder la vivienda y reconoce en cada cifra el drama de los afectados, exige al Gobierno de Pedro Sánchez, «que prorrogue la moratoria antidesahucios hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda porque hay vidas en juego». Y eso que el blindaje del decreto no ha sido (ni es) todo lo efectivo que debiera. Es decir, cada día la PAH ve como «hay que pelear en los tribunales» para hacer efectivo el decreto.
Por ejemplo, la normativa estatal impide desahuciar a familias vulnerables víctimas de violencia machista, con hijos menores a cargo o con personas con discapacidad. Pues bien, para hoy mismo, a las 11 horas, está previsto el desalojo de Fini y de sus tres hijas (de 16, 14 y 13 años). La mujer viajó ayer desde Elx para ser ejemplo de los incumplimientos del decreto ya que «aunque esperamos parar el desahucio no lo sabremos hasta mañana (por hoy). Ella es ejemplo de cómo funcionan las cosas. ¿Qué ganamos dejando a esta mujer y a sus tres hijas en la calle?», explican desde PAH Elx, también presente en el acto de la plaza de la Virgen.
Muy cerca de Fini está Aida. Las dos mujeres no se conocen y la pérdida de la vivienda es lo único que tienen en común, un drama que comparten con miles de familias. Aida consiguió una dación en pago en 2017 porque no podía pagar la hipoteca y firmó un alquiler social para tres años. El tiempo concluyó sin que nadie esperara una pandemia mundial en 2020 y el fondo buitre a quien petenece hoy el piso se niega a negociar y a ampliar el contrato de alquiler social. La quiere fuera del piso y la quiere ya. «Y encima para alquilar una vivienda te piden dos contratos fijos. ¡Dos contratos! Precios desorbitados y requisitos imposibles de cumplir, al menos para mí que estoy sola con mi hijo», explica Aida. De nuevo, un menor en la familia. El portavoz de PAH València, José Luis Gonzalez, le da ánimos ya que la entidad asesora y atiende a diario a muchas familias que temen quedarse en la calle.
«Lo peor está aún por venir. Los juzgados acumulan miles de procedimientos ya concluidos, pendientes de que se levante esa protección para ejecutar sus desahucios, y los decretos caducan el próximo 9 de agosto lo que, si no se remedia, provocará un tsumani de desahucios a partir de septiembre. Por no decir que no sabemos qué va a pasar porque aunque agosto es un mes inhábil para la justicia hay fechas de lanzamiento previstas para ese mes y no sabemos qué va a pasar», explica el portavoz de PAH València.
Alquileres sociales
Es más, desde la entidad social lamentan que la vivienda «esté considerada exclusivamente como un mero bien de consumo» y añaden: «No podemos permitir que familias vulnerables, sin recursos, sean expulsadas de sus casas por los mismos que originaron la burbuja inmobiliaria. Evitemos los desahucios obligando a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales. No es imposible, pero se necesita voluntad política para acabar con esta lacra».
