Los movimientos de la Comunitat Valenciana, Baleares y Andalucía de cara a la reforma de la financiación autonómica no han pasado desapercibidos en el otro extremo del país, donde hace tiempo que mantienen estrategias para defender sus intereses. Estos son los que salen mejor parados con el reparto actual. Solo hace falta ver la lista de la financiación autonómica per cápita: Cantabria es la que más recibe; la C. Valenciana es la que menos.
Galicia, Castilla y León y Asturias mantienen un bloque estable. A él se ha sumado, según informaciones de prensa, Cantabria. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, socialista como el valenciano Ximo Puig, exponía la situación con claridad hace unos días en una entrevista con La Nueva España, del mismo grupo editorial que Levante-EMV: «Yo ya dije que ese debate sería entre territorios y no ideológico. Andalucía ha pactado con Valencia, pidiendo lo mismo que Madrid o Baleares. Aquí existía una alianza ya establecida con Castilla y León y Galicia, y la hemos ampliado a Cantabria. Somos regiones en una situación similar, por envejecimiento y dispersión, e incorporar al presidente Revilla es bueno en cualquier debate».
Y añadía el presidente asturiano: «No queremos atacar a nadie, sino la igualdad, para que vivas donde vivas la calidad de los servicios públicos sea la misma y eso no se consigue si la financiación se decide únicamente por población».
Los movimientos que se dibujan ratifican que hay que elevar el dinero a repartir entre las comunidades
En las palabras de Barbón aparecen los conceptos clave de este debate: envejecimiento y dispersión frente a población. Porque los territorios más poblados son en la actualidad los más desfavorecidos. Entre lo que recibe Cantabria por habitante y la C. Valenciana hay una diferencia de casi mil euros anuales.
El socialista asturiano subraya otro elemento fundamental del estado de la cuestión: el debate no es ideológico, entre izquierda y derecha, sino entre territorios. En la alianza del norte está Asturias junto a dos comunidades del PP (Galicia y Castilla y León). En la entente que se está forjando en el sureste han tomado la delantera las dos comunidades más pobladas en las que gobiernan los dos grandes partidos: Andalucía (PP) y la C. Valenciana (PSOE).
Los movimientos entre comunidades ayudan, por una parte, a que el asunto de la financiación autonómica esté en la primera línea de la actualidad. Sin embargo, la cuestión menos alentadora es, por otra parte, que señalan al Ministerio de Hacienda la dificultad del proceso al que se enfrenta, el argumento al que se ha aferrado María Jesús Montero en la última visita de la sociedad civil valenciana.
La guerra de territorios que se dibuja corrobora la tesis que expertos y representantes institucionales valencianos sostienen: la reforma del sistema de financiación requiere de un cambio vertical en el reparto de fondos. Esto es, que la Administración del Estado ceda una parte de su porción del pastel en favor de las autonomías, sobre las que recae el peso de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y atención a la dependencia). En los dos últimos años la situación se ha maquillado, ya que las comunidades han recibido aportaciones extraordinarias sin retorno a través de los fondos covid. Estos recursos se han distribuido según criterios predominantes de población (los defendidos por la C. Valenciana), pero han sido para todas las comunidades.
Las confluencias entre comunidades no son nuevas. Se han sucedido varios movimientos desde que el modelo caducó en 2014. La España despoblada realizó un golpe de efecto potente al reunir a hasta ocho territorios de distinto signo político en 2018 (Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja). Fue después de que Mariano Rajoy anunciara en 2017 un nuevo modelo y de que el ministerio elaborara distintos trabajos técnicos. Todo quedó aparcado. Habrá que ver si la consecuencia de las alianzas territoriales actuales vuelve a ser la inacción.
80.559 facturas pagadas vía FLA
El Consell abonará un total de 80.559 facturas por importe de 1.030,6 millones de euros el 29 de julio gracias a la llegada del FLA ordinario del tercer trimestre y del extraordinario de julio procedente del FLA, que está integrado en el Fondo de Financiación de las comunidades. «Es cierto que la llegada del FLA nos permite saldar nuestros compromisos de pago con proveedores, pero es un instrumento de respiración asistida al que no deberíamos tener que recurrir si obtuviésemos los recursos que nos corresponden del sistema de financiación, incidió el conseller de Hacienda, Vicent Soler. También remarcó que «no es posible que la liquidez que inyectamos a las pymes lleguen por un instrumento que aumenta nuestra deuda».
