Los servicios jurídicos de la Diputación de València exploran la vía para salvar la actividad de la empresa pública Egevasa después de la sentencia en la que anula la concesión de una treintena de convenios entre la institución provincial y distintos ayuntamientos para la construcción, explotación y conversación de estaciones de depuradoras de aguas residuales. Un fallo que, tal como avanzó ayer este diario, pone en la picota parte de los servicios que ahora presta Egevasa, ya que el juzgado de lo contencioso considera que se vulneraron lasa reglas de igualdad, concurrencia y transparencia cuando la entidad mutó a empresa mixta.
Fuentes de la diputación confirmaron que se está trabajando en varias líneas, una de ellas el recurso contra esta sentencia que no es firme. La idea, añaden fuentes de la firma semipública, es que Egevasa siga con su prestación de servicios relacionados con el ciclo integral del agua: abastecimiento, saneamiento y depuración.
Con este recurso, la diputación gana tiempo para encontrar un soporte jurídico adecuado que evite pronunciamientos adversos de la Justicia. El caso en concreto, se remonta a 31 convenios suscritos con consistorios en los años noventa cuando la empresa era cien por cien pública. El problema vino cuando se produjo la renovación de los convenios cuando la firma ya había dado entrada a su accionariado a Aguas de València, propietario del 45% de las acciones. Para el juzgado, al dejar de ser una empresa pública, no puede prestar el objeto de los convenios de forma directa ya que se produce un quebranto de las reglas de mercado de igualdad. No en vano, la demandante (Tecvasa) es una firma privada que aspira a entrar en la gestión de las infraestructuras públicas.
Al margen de esta sentencia, la diputación lleva tiempo trabajando en un nuevo reglamento que determine el marco jurídico para la prestación del Servicio Provincial del Ciclo Integral del Agua en la Provincia de Valencia. Un servicio que abarca la captación, suministro y abastecimiento de agua potable y la recogida y tratamiento de aguas residuales así como los servicios relativos al estudio de los problemas que se planteen como pueden ser análisis, detección de fugas, y tratamiento de fangos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales, entre otros.
Cabe recordar que en el pasado ya se plantearon dudas sobre la capacidad legal de Egevasa de presentarse a concursos, como el que en 2018 promovió la Epsar, la firma de la Generalitat encargada de la gestión de aguas residuales. Este asunto genero protestas de la plantilla.
Por otro lado, las fuentes consultadas indicaron que, al margen de la sentencia, desde hace tiempo se está buscando una solución que permita ampliar el número de ayuntamientos a los que la diputación les presta sus servicios relacionados con el ciclo del agua.
Las mismas fuentes señalan que al menos a corto plazo no hay previsión de decisiones de calado sobre Egevasa en la línea de lo ocurrido con Divalterra que acabó en disolución y la diputación asumiendo directamente la gestión de las brigadas forestales. Así pues, los servicios jurídicos de la diputación y de la empresa mixta Egevasa están estudiando las alegaciones a la sentencia, para lo que tienen quince días de plazo.
