La sentencia del Plan General sigue generando reacciones. «Si surge algún asunto similar a este, la Fiscalía Anticorrupción seguirá acusando, en cuanto depende de estos fiscales, y volvería a acusar por delito a quienes consideren responsables. No debe quedar ninguna duda». Con estas afirmaciones respondían este lunes los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero a las críticas por la actuación del Ministerio Público en esta pieza derivada del caso Brugal.
Como ya publicó este diario la semana pasada, la Audiencia Provincial absolvió a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como al promotor Enrique Ortiz y otros seis acusados de presuntos amaños en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana al no ver probado el tribunal las acusaciones. Los doce años de instrucción de esta causa se saldaron con dos multas por cohecho a Alperi y a Ortiz. En estos momentos, la Fiscalía está estudiando el fallo sobre un posible recurso de casación ante el Supremo. La semana pasada pidieron una ampliación del plazo para apelar, dada la complejidad del asunto, y con ella podrían conseguir que hasta septiembre puedan hacerlo, ya que agosto es inhábil.
Los fiscales insistieron en que para llegar a la vista, un magistrado de instrucción debe haber decidido antes abrir juicio oral contra todos los acusados y por todos los delitos. Por lo que, «los escritos de acusación descansan en los indicios que previamente ha observado y acordado un juez».
