Los cambios in extremis anunciados ayer en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesús Montero, sobre el proyecto de ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas han acabado sumiendo en el caos y la incertidumbre a la Generalitat, una de las administraciones autonómicas con mayor porcentaje de interinidad. El departamento de Función Pública, responsable de la gestión del personal interino de la Administración del Consell y adscrito a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, está tratando de digerir la nueva propuesta lanzada por la ministra, sin consulta previa con las comunidades, en el pleno del Congreso para salvar el decreto Iceta, el acuerdo que selló el anterior ministro responsable de Función Pública con los sindicatos y que no contaba con el respaldo suficiente en la cámara para salir adelante.
In extremis para lograr el respaldo de ERC, Montero anunció un pacto para que el personal interino de las administraciones públicas que lleve más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada pueda adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Además, propuso que las comunidades puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años. Esto es, que a la ventaja de que la valoración de la experiencia en el puesto pese un 40 %, se sume la opción de que el examen de la oposición no sea eliminatorio.
La propuesta es en la práctica una enmienda a la totalidad del decreto Iceta que, tal como informó este diario, cerraba la puerta al personal interino valenciano a convertirse en fijos sin opositar.
El panorama mejora, pero no está claro cuánto. Para empezar el decreto ha sido validado por un voto pero se tramitará como proyecto de ley y está sujeto a cambios. La aprobación se prevé en octubre y la letra pequeña es confusa. La propia conselleria, cuyo acuerdo ha pillado por sorpresa, no sabe aún el impacto sobre el personal interino bajo su gestión. En la actualidad hay 7.442 efectivos temporales en puestos estructurales (el dato de cuántos llevan más de diez años no estaba ayer disponible), pero, dado que en los últimos procesos de estabilización han salido a oferta 4.515 plazas, podría entenderse que sólo unas 3.000 cumplirían los nuevos requisitos. Una de las claves que ni Función Pública ni sindicatos sabían ayer aclarar es a qué se refiere el acuerdo cuando habla de plazas no convocadas. Cabe apuntar que los procesos selectivos que convoca la Generalitat no afectan a puestos concretos sino a categorías. Desde 2017, todas ellas han salido a oferta. Una interpretación muy restrictiva podría reducir al mínimo el colectivo afectado.
Con todo, este es un terreno lleno de minas. Por lo pronto, el Consell tendrá que determinar si facilita las cosas en un futuro al personal interino con procesos sin oposiciones eliminatorias, pero está la duda de qué pasará con los procesos ya en marcha. Desde hace tiempo, los sindicatos pedían una paralización en espera de que el Gobierno de España fijara posición. Sea como fuere, el caos está asegurado, como también la batalla judicial.
