Los regantes muestran su "sorpresa e indignación" al no incluir el convenio del Pantano de Alarcón en el Plan Hidrológico del Júcar

Este convenio, rubricado en 2001, garantizaba el uso de agua del pantano por parte de los regantes de la zona, construido por ellos mismos pero gestionado desde 2001 por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, con la expansión de otros cultivos en Castilla-La Mancha, el gobierno busca favorecer los intereses de estos agricultores también a costa de los valencianos, que suman unas 40.000 personas integradas en la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Reganes de Sueca y Cullera junto a los usuarios industriales del río.

Según explican, mañana viernes 23 de julio se cumplirán 20 años de la firma de este importante acuerdo a tres bandas: regantes, Ministerio de Medio Ambiente y Generalitat. El Convenio del Embalse de Alarcón fue "una muestra de solidaridad de los regantes valencianos con el resto de usuarios del Júcar y un verdadero ejemplo de cómo resolver los conflictos del agua por la vía del acuerdo", ya que fueron años de duras negociaciones, como recuerda Costa Magraner.

A través de este acuerdo, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar conseguía el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1983 que obligaba a la Administración a la entrega del embalse que había sido sufragado al 100% por los regantes en los años 50, y cedía su gestión a cambio de una serie de contraprestaciones: la garantía de una curva de reserva de agua para asegurar el riego de los cultivos valencianos, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las necesarias obras de modernización de los regadíos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.

La ausencia del Convenio de Alarcón en el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que sí se ha recogido en los planes hidrológicos de 1998, 2014 y 2016, "pone en peligro el patrimonio hidráulico de las 40.000 familias valencianas y supone un agravio para los 40.000 regantes que formamos USUJ y para el sector agrícola de la provincia de Valencia, especialmente, cuando las contraprestaciones de este documento están muy lejos de haberse conseguido", denuncia Costa.

"Como legítimos propietarios del Embalse de Alarcón, exigimos que se respeten nuestros derechos de agua, las condiciones económicas pactadas y la finalización de las obras de modernización de regadíos que deberían haberse culminado en 2009", concluye el presidente.