Las facultades de Derecho de las universidades públicas valencianas (Universitat de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castelló y Universidad Miguel Hernández de Elx) se plantan ante la «falta de financiación» que les impide avanzar hacia una modernización educativa «que no es gratuita».
Así lo expresan en una carta remitida hace unas semanas a la consellera de Universidades, Carolina Pascual, firmada por las cuatro rectoras de las instituciones y en la que exigen subir un peldaño (y situarse en el nivel dos) en los grados de «experimentalidad», que son los que determinan la financiación de la carrera y las tasas a pagar por los alumnos, en relación a los recursos materiales y prácticos necesarios para el aprendizaje de cada disciplina.
Existen cinco escalones. El quinto es el que más financiación recibe, donde se sitúan, por ejemplo, Medicina, Odontología o Enfermería. El grado de Derecho se ubica en el nivel uno de experimentalidad, en el último escalón junto con otras pocas carreras como Filosofía e Historia, a pesar de que sus enseñanzas hermanas de Ciencias Sociales como Criminología o Ciencias Políticas se ubican en el nivel dos, donde las facultades de Derecho quieren estar. Una situación de «discriminación» que, según explican en el escrito, dificulta innovar, actualizar la enseñanza a las nuevas tecnologías e impide mejorar la calidad educativa con aulas de volumen desmesurado y restricciones a otras actividades enriquecedoras para el aprendizaje práctico. Las facultades jurídicas «llevan años reclamando el cambio, pues los niveles no se han actualizado desde hace 15 años».
Reestructuración antes de 2022
La Conselleria de Universidades, por otra parte, apunta a este periódico que tras muchas peticiones de cambio se acordó por consenso la creación de una comisión para revisar las necesidades de los grados y subir o bajar de nivel de financiación si fuera necesario. Una comisión que tendrá su primera reunión en septiembre y reorganizará los grados «antes de final de año». En la reunión con las universidades, se consideró que este baremo «estaba desfasado», dicen desde conselleria, «y que son necesarias nuevas estimaciones». De hecho, la consellera Carolina Pascual explicó que tras las solicitudes «nos hemos dado cuenta de que el sistema no está adaptado al actual, más avanzado y complejo».
«Este nivel nos estrangula»
Por su parte, el decano de la faculdad de Derecho de la Universitat de València (UV), Javier Palao fue muy crítico con el acuerdo de crear un espacio para abordar las reivindicaciones. «Cuando quieres que algo no se resuelva creas una comisión», dijo. «El abogado no solo necesita una pluma de ave y un papiro, estar en el último escalón supone menos oportunidades y una docencia peor»,y ejemplificó con que «muy pocos profesores tienen vinculación permanente y esta baremación de financiación nos estrangula».
Pero subir del nivel uno al dos también implica aumentar las tasas a los alumnos. Pasarían de pagar 13,86 euros por crédito a pagar 14,96. «Es un aumento de sesenta euros al año, hemos propuesto que la conselleria asuma esa diferencia, algo que costaría 600.000 euros de presupuesto», dice. «Hay que preparar bien a la gente y esta financiación nos impide modernizarnos y al final nos condenan a ejercer una docencia del siglo XIX».
