Las reacciones no se han hecho esperar. Tras la denuncia de los regantes de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar sobre la ausencia del Convenio de Alarcón, que regula el uso y explotación del embalse, en el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 y que afecta a unas 40.000 personas cuyo riego proviene del pantano. Por eso, durante la mañana fue la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, la que confió en que fuera «un olvido» por parte del Ministerio que dirige Teresa Ribera, y mostró su apoyo a los agricultores valencianos en lo que calificó de «derecho» sobre la reserva hídrica de Alarcón, tal como recoge el convenio y como se pactó con el Gobierno en 2001, cuando se le cedió la gestión de la infraestructura que construyeron en los años 50 los regantes a medias con las hidroeléctricas, hoy integradas en Iberdrola.
Ese «olvido» supone un agravio para los intereses de los valencianos, si bien el convenio firmado tiene validez por sí mismo y una vigencia de 60 años. Incluirlo en el Plan Hidrológico establece y fija las normas de explotación del embalse para todos sus usuarios y no solo para los valencianos, a quienes especialmente beneficia por la exención de pagar el canon del agua y la obligación de modernizar la infraestructura, que no se ha acometido del todo.
Mollà confió en que el error fuera «fácilmente enmendable», si bien el borrador del plan se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública. Por eso, la consellera de Compromís no dudó en afirmar que se reservan el derecho a presentar alegaciones en caso de no corregir la circunstancia.
En estos momentos, la conselleria ya trabaja en ellas. «Tenemos que tener paciencia y pensar que no ha habido mala fe por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y que se resolverá sin ningún tipo de conflicto», señaló Mollà.
De hecho, el Convenio de Alarcón ha sido incluido en los planes hidrológicos redactados en 1998, 2014 y 2016, por lo que la «sorpresa e indignación» es aún mayor, como hizo saber el jueves el presidente de USUJ, Antonio Costa Magraner, quien destacó la «solidaridad» que los agricultores valencianos han tenido con el resto de usuarios del embalse.
La Dirección General del Agua de la Administración autonómica prepara ya la nueva propuesta, en línea con las reivindicaciones de los regantes con los que ya se ha puesto en contacto, con el fin de reconocer en el nuevo Plan el pacto firmado en 2001 entre las comunidades de regantes, la Generalitat y el entonces Ministerio de Medio Ambiente.
El PP lo califica de «derogación tácita» y tomará medidas
El PPCV también puso el grito en el cielo ante lo que calificaron de «agravio» y «menosprecio» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Para el vicesecretario de Agricultura, Ernesto Fernández, se trata de una «derogación tácita» de un convenio que demostró la solidaridad de los agricultores valencianos con el resto de usuarios del embalse. Por ello, aunque no especificaron cuáles, aseguraron que van a iniciar «una serie de actuaciones» por todo el territorio para defender a los agricultores.
