El Consejo de Ministros prevé aprobar el martes un catálogo de medidas urgentes contra la violencia machista, que forma parte del Plan de mejora puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad tras comprobar que el fin del estado de alarma y la relajación de las restricciones ha traído consigo un repunte de la violencia machista. El borrador del catálogo, al que ha tenido acceso este diario, contempla acciones agrupadas en cinco ámbitos, entre ellas la elaboración de un "instrumento validado estandarizado" para facilitar la detección del maltrato en los centros de Atención Primaria, una de las medidas solicitadas por los especialistas y asociaciones de víctimas, al comprobar que muchas mujeres no se atreven a denunciar pero sí acuden con frecuencia al medico de familia y, por tanto, estos profesionales pueden jugar un papel más importante a la hora de descubrir el problema.
Asimismo, el plan contempla "formación específica en detección precoz, manejo de indicadores, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista", que recibirán los equipos involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas en los centros de salud y los hospitales (como médicos de familia, pediatras, matronas, especialistas en ginecología, salud mental...). Enseñanzas que se impartirán también los centros de servicios sociales, del ámbito educativo, de la inspección de trabajo y de los servicios consulares en el extranjero.
El pasado 21 de mayo y tras la concatenación de cinco asesinatos machistas, la ministra de Igualad, Irene Montero, reunió de urgencia al pacto de Estado contra la violencia de género y anunció la puesta en marcha de un proceso de revisión, con todos los agentes implicados, y destinado a reforzar las medidas frente a la "alarma machista". Fruto de aquella decisión, se ha elaborado el catálogo, que incluye las propuestas realizadas por las comunidades y por las organizaciones que trabajan a diario con las mujeres víctimas; así como las áreas de mejora identificadas por los ministerios del Interior, Trabajo, Sanidad y Derechos Sociales, todos ellos proponentes del plan, que aún puede sufrir alguna modificación hasta su aprobación.
Los asesinatos
El repunte no ha cesado, de forma que entre mayo y junio han fallecido 16 mujeres, frente a las nueve fallecidas en los cuatro primeros meses del año. En total, en lo que va de año han sido asesinadas 28 mujeres, tres más que en el mismo periodo de 2020. El Gobierno y los expertos coinciden en que el fin de las principales restricciones de movilidad ha motivado que muchas víctimas se atrevan a romper la relación con su agresor, lo que ha desencadenado los crímenes ante la sensación entre los machistas de que pierden el control sobre sus parejas.
Frente a ello, el catálogo incluye medidas en cinco ámbitos. Uno de ellos es la mencionada detección temprana en los servicios públicos de proximidad, como los centros de salud. Además, se ha constatado la necesidad de implicar más a la sociedad. Para ello, se continuará con la difusión de campañas dirigidas a las propias víctimas pero también a la población en general, al entorno, a testigos, comercios o asociaciones vecinales para animarles a denunciar. Dichas campañas combatirán también la violencia sexual. Y se firmarán acuerdos contra los perfiles en redes sociales que fomenten la discriminación y la violencia.
Autonomía económica
Otro de los ámbitos de actuación va dirigido a fomentar la autonomía económica de las víctimas. Para ello, se implantará una ventanilla única en los servicios sociales, para informar a las víctimas sobre sus derechos y canalizar sus demandas, como de ayudas económicas o de vivienda. En cuanto a los menores, se elaborará un "plan de actuación de los derechos de los niños como víctimas directas" dirigido al ámbito judicial, de familia y los servicios especializados.
En el ámbito judicial, se comunicará de manera automatizada en todos los sistemas de gestión procesal las órdenes de protección y otras resoluciones y se harán programas de formación y rehabilitación de agresores penados.
También se prevén medidas destinadas a reforzar la protección, con la entrada en el sistema policial de seguimiento de los servicios sociales y de atención especializada, o la máxima difusión del 'protocolo cero', dirigido a que los agentes valoren más el testimonio de los familiares. Asimismo, se hará una acción formativa conjunta, de Interior e Igualdad, destinada a todos los agentes que tengan contacto con víctimas. Y, en el ámbito de mejora de la coordinación institucional, se actualizarán también protocolos y se dará formación.
