El largo camino que emprendió la Diputación de València para soltar lastre empresarial ayer vivió un episodio más. La comisión especial de transformación del sector instrumental, un órgano creado por el presidente Toni Gaspar en febrero de 2020 y que parecía algo transitorio, se consolida como el instrumento efectivo para reordenar la diputación y sus empresas públicas. Gaspar pasó ayer la presidencia efectiva de la comisión al vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, el más próximo al máximo responsable de la institución provincial. Es una decisión que transmite la idea de continuar con el camino iniciado.
Y encarriladas las disoluciones de Divalterra (la vieja Imelsa, la matriz de una serie de casos de corrupción en investigación de la etapa del PP) y el patronato de Turismo, ¿qué queda? La mirada ahora está puesta en las otras dos mercantiles que aún dependen de la diputación, Egevasa y Girsa, ambas de capital mixto.
Para la primera el camino aún se presume largo, ya que en estos momentos los servicios jurídicos de la diputación trabajan en recurrir la sentencia que anula los 31 convenios celebrados entre la diputación provincial y distintos ayuntamientos para la construcción, explotación y conservación de estaciones depuradoras a finales de los años 90, cuando la empresa era 100 % pública. Ahora, al contar con capital privado, los juzgados creen que se han quebrantado los principios de igualdad y libre concurrencia.
No obstante, la intención de la diputación es afrontar qué hacer esta empresa mixta. Las opciones son tres: o toda privada, o toda pública o dejarla como está.
Por otra parte, la comisión especial de transformación del sector instrumental tumbó ayer dos recursos presentados por UGT y STAS a la disolución de Divalterra, donde cuestionaban que con la asunción de los trabajadores en la diputación se fuera a equiparar a estos empleados con el personal público.
El secretario recuerda a los sindicatos que los empleados asumidos seguirán como personal laboral no funcionario
Los trabajadores en cuestión son los brigadistas forestales que trabajan enDivalterra y que una vez se ejecute la disolución formarán parte del Consorcio Provincial de Bomberos. Para UGT, esta integración podría suponer una «quiebra del principio de igualdad con el personal funcionario y laboral» de la diputación, ya que los brigadistas no acceden al cuerpo forestal a través de una oposición.
Sin embargo, el secretario de la diputación recuerda que estas brigadas mantendrán su condición de personal laboral no empleado público, la misma que tienen en estos momentos en Divalterra.
De hecho, en su asamblea anual celebrada la semana pasada, el Consorcio Provincial de Bomberos aprobó por unanimidad integrar a estas brigadas dentro de su organismo. Votaron alcaldes de distintos municipios y signo político. PP y Cs se opusieron en el pleno provincial en su momento a la disolución e integración del personal.
La comisión también aprobó la desestimación del recurso de STAS que planteaba la misma cuestión que UGT pero referido al personal del patronato de Turismo, donde hoy solo quedan dos trabajadores. El secretario ofreció la misma respuesta: «El personal en cuyo contrato laboral se subrogue la diputación tendrá la consideración de personal laboral no empleado público, con las mismas condiciones laborales y retributivas que tenía en Divalterra».
