La última pieza separada abierta en el caso Taula el pasado mes de febrero, para investigar los supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera con una de las empresas bajo sospecha en esta macrocausa de corrupción, acogerá en septiembre las primeras declaraciones de diez de los investigados y un total de nueve testigos.
Entre los citados que podrán explicarse y defender su inocencia (como han hecho hasta ahora a través de comunicados) están el exalcalde de Requena Javier Berasaluce Ramos (del PP) y el actual alcalde del municipio, Mario Sánchez González, del PSPV, así como los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo Llácer (PP) y Óscar Martínez Poquet (PSPV).
También deberán declarar ante la jueza de Instrucción 18 y el Fiscal Anticorrupción la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera, un asesor y un funcionario de la Diputación de Valencia y tres empresarios: el administrador de Servimun y las administradores de la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA), la empresa que el empresario Mariano López, exsuegro del yonqui del dinero, presuntamente usaba para cobrar las comisiones por sus gestiones como «conseguidor» de contratos públicos ante la Diputación de València (que se investiga en la pieza D del Taula) o de los consistorios de Enguera y Requena.
En esta causa, tanto la magistrada de Instrucción 18 como la Fiscalía Anticorrupción investigan hechos que pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) al abrirse la nueva pieza separada.
Un informe de la Agencia Antifraude detectó irregularidades variadas como incumplimientos de contrato o tareas no realizadas en los contratos adjudicados por los Ayuntamientos de Requena y Enguera a la empresa Servimun.
