La reforma del modelo de financiación autonómica no figura en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que hoy sentará (telemáticamente) en una misma mesa al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas. Así y todo, el asunto sobrevolará en la cita. El titular de Hacienda, Vicent Soler, sostuvo ayer que reclamará un nuevo sistema que entierre la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, si bien, consciente de que el propio Gobierno ha postergado el debate, lanzó un plan b: reclamar a la ministra María Jesús Montero que aparte 2.000 millones del fondo covid de 13.000 millones que hoy se repartirán entre las comunidades para compensar a las infrafinanciadas. En particular, Hacienda pedirá que 1.058 millones vayan a parar a la C. Valenciana, según el cálculo realizado por los expertos que forman parte de la Comisión Mixta Consell-Corts.
Veinticuatro horas antes de la cita con Montero, Soler reunió esta comisión para conseguir una postura común de todos los partidos de cara a la negociación. Sólo lo consiguió a medias. Todos los grupos parlamentarios (excepto Vox) respaldan ese fondo compensatorio, aunque dudan, sobre todo la oposición, de que llegue a buen puerto. De hecho, el propio Soler se puso la venda antes de la herida al subrayar que, aunque el Gobierno no asuma la demanda, su exigencia de acabar con el maltrato financiero seguiría intacta.
Mantuvo que «la verdadera batalla» de hoy será lograr que el reparto del nuevo fondo covid (recursos a fondo perdido que el Estado inyecta a las comunidades para hacer frente a la pandemia) se haga conforme al criterio de población ajustada y no respecto al PIB como reclaman otros territorios. En realidad y, por lo que la propia Montero ha manifestado estos días , no habrá mucha pelea ya que el Gobierno tiene intención de usar el criterio poblacional, como ya hizo en anteriores repartos. Es, sin duda, una victoria para el Consell, pero que no es nueva.
No es de extrañar que la oposición, que respalda el criterio poblacional, apuntara ayer dónde más duele (y puede dividir) al Botànic: el desinterés del Gobierno de Sánchez en abrir ahora el melón de la financiación. Montero ya fue clara ante la Plataforma pel Finançament Just hace un mes y lo vuelve a ser con una convocatoria de nueve puntos (donde no está la financiación) y en la que las comunidades solo votarán el acta anterior y la memoria.
Con este panorama, Rubén Ibáñez (PP) admitió su «pesimismo» y Tony Woodward (Ciudadanos) su preocupación. La portavoz de Vox, Llanos Massó, pidió directamente devolver las competencias autonómicas. Al PP le respondió José Muñoz, quien acusó a este partido de «romper unilateralmente la unidad» de la Comunitat Valenciana.
Soler encontró respaldo de sus socios. Ferrán Martínez (Unides Podem) insistió en la necesidad de una reforma fiscal que inyecte dinero al sistema y Graciela Ferrer (Compromís), mayor «intensidad» en la reivindicación de una nueva financiación, así como reclamar la deuda histórica. Soler se mostró satisfecho con «los consensos básicos» e insistió en que lograr un reparto basado en la población ajustada marcaría una senda de cara al futuro cambio del modelo de financiación.
