La Conselleria de Hacienda ha decidido impulsar el proceso para aprobar una nueva ley capaz de poner orden en el sector público instrumental de la Generalitat, un proyecto legislativo que lleva más de cinco años bloqueado y que incluso había desaparecido de los compromisos del Consell en los distintos seminarios, incluido el último celebrado en Benassal este fin de semana. Esta mañana, sin embargo, en el marco de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha presentado a los sindicatos el borrador de la nueva ley y ha entregado parte del documento a estos sindicatos para que lo estudien y presenten alegaciones. La negociación se activará en septiembre.
La reordenación de esta pata de la Administración que fue en el pasado foco de todo tipo de corruptelas era una de las prioridades políticas del primer Consell en 2015, pero aunque en 2016 se presentó el borrador este quedó bloqueado por diversas cuestiones, entre ellas, diferencias entre los socios de Gobierno sobre cómo qué hacer con una plantilla heredada y que en en su mayoría había llegado sin someterse a ningún proceso selectivo. Tras el revuelo que se generó entonces, el departamento dirigido por Vicent Soler optó por retirar el texto y buscar atajos para la reestructuración vía instrucciones y acuerdos sindicales. Sin embargo, las propias entidades, que a menudo funcionan como reinos de taifas, han frenado muchos de los acuerdos, entre ellos, las ofertas de empleo público, que forzaría a gran parte del personal a aprobar una oposición para seguir en el puesto. La figura del directivo público regulada a través de una ley pondría también en aprie-tos a alguno de los actuales cargos y reduciría el margen de actuación.
Tras el impass, Soler mantuvo que el objetivo de la nueva ley es refundir y clarificar los avances y acuerdos alcanzados en el ámbito del sector público y, subrayó que el texto, recoge las últimas novedades legislativas en materia de recursos humanos. Junto al apartado de personal, también se detalla el medlo de auditoria interna a la que deberán someterse las empresas y entidades.
Soler ha presentado el texto en una reunión que también se ha abordado la situación de las oposiciones en el sector público tras la ventana abierta para los temporales por el decreto Iceta sobre medidas urgentes para reducir la temporalidad. Hacienda ha mantenido que revisará los acuerdos sobre reducción de temporalidad y en concreto, los acuerdos sobre ofertas de empleo público y bolsas de empleo temporal con el fin de conocer su grado de cumplimiento y su adaptación a la nueva normativa estatal. En todo caso, Hacienda recuerda que están plenamente vigentes y es necesario su aplicación. Con todo y pese a la voluntad de diálogo, las ofertas en marcha seguirán adelante, según lo acordado. Cabe apuntar que de las más de 2.200 plazas autorizadas, la mayoría siguen sin ejecutarse ya que existen muchas reticencias internas por parte de los entes que no quieren enfrentarse a unas plantillas con mucha interinidad y reacias a presentarse a una oposicion para consolidar su empleo. El bloqueo de esta Opes preocupa desde hace tiempo a los responsables del Sector Público. Las distintase empresas y entes tienen hasta 2024 para ejecutar las opes y, según el nuevo decreto del Estado, de no hacerlo, incurrirán en responsabilidad. El decreto Iceta todavía estará sometido a cambios en relacion a la consolidación del empelo, pero las opes ya convocadas están vigentes.
Intersindical había pedido que, dada la incertidumbre con respecto a la normativa estatal, se paralicen las Opes en el sector público. El sindicato reclama un concurso de méritos para consolidar plaza y, en su defecto, la conversión de estos trabajadores y trabajadoras en fijos a extinguir.
