La conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo selló ayer un acuerdo de legislatura con los tres sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación (UGT, CC OO y CSIF), un pacto que le garantiza la paz social durante los próximos dos años y le compromete a sacar adelante una serie de medidas para impulsar la reforma de la función pública, una vez aprobada la ley. Uno de los puntos claves será evaluar y corregir en los próximos tres años la brecha salarial entre el funcionariado, una iniciativa que, tal como avanzó este diario, compromete al Consell a crear un fondo para mejorar las retribuciones y los complementos de aquellos puestos feminizados.
La consellera Bravo ha calificado como "muy importante" este acuerdo que, además, plantea realizar un nuevo diagnóstico sobre los recursos humanos de la Generalitat con el fin de una reorganización más eficaz y modificar las actuales oposiciones con el fin de adaptarlas a los nuevos tiempos, reduciendo las pruebas memorísticas. Cabe recordar que los procesos puestos en marcha hasta ahora se están saldando con un alto porcentaje de suspendidos que, en el caso de los proceso de estabilización, impedirá al personal interino lograr la esperada fijeza. El acuerdo habla también de reducir la temporalidad, aunque esta cuestión está pendiente de la normativa estatal.
Por otro lado, el compromiso de la Generalitat incluye aprobar en el plazo de seis meses el reglamento para crear la Escola Valenciana d' Administració Pública, un nuevo organismo público, que gestionará todo lo relativo a la selección y la formación del personal empleado público. Ese mismo plazo de tiempo se dará también para impulsar la nueva norma del Invassat. Durante la reunión también se ha planteado buscar fórmulas para poder reforzar los servicios de prevención de riesgos laborales.
