PP y Ciudadanos han reaccionado a la última conferencia de Ximo Puig en Madrid, en la que reclamó compensaciones en forma de impuestos a los más ricos por los beneficios de la capitalidad que obtiene aquella comunidad, con una defensa del modelo fiscal que impera en el territorio que hoy gobierna (con amplio apoyo electoral) Isabel Díaz Ayuso y un ataque al régimen valenciano, que han llegado a calificar de «infierno fiscal».
Esta posición de contraataque ante la propuesta del jefe del Consell contrasta con la trayectoria hasta hace solo unos meses de ambos partidos de la derecha. Ambos firmaron en agosto de 2020 el Pacto Político para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria frente a la covid-19, emanado de las Corts. Este dice en su punto 1.5 (página 22) sobre ‘Justicia fiscal y redistribución. Lucha contra el fraude fiscal y desigualdades territoriales’: «El aprovechamiento injusto de las desigualdades territoriales resta los recursos públicos necesarios en momentos como la crisis vivida. Por eso se debe insistir en el establecimiento de un mínimo impositivo territorial para poner fin al llamado dumping fiscal».
Añade asimismo: «Es necesario impedir que los recursos propios continúen menguando como consecuencia del fraude fiscal que puedan realizar los grandes patrimonios cambiando de residencia ficticia para ahorrar los impuestos de patrimonio o sucesiones».
Nada tiene que ver esa posición con la expresada durante los últimos días por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, o la coordinadora autonómica de CS, María Muñoz. «No se puede entender que [Puig] pida a Madrid subir impuestos cuando lo que tiene que hacer es bajar la presión fiscal. Estos son los números. Lo demás es otra cosa», decía Mazón en un vídeo de respuesta a la propuesta del jefe del Consell.
«Llaman dumping fiscal al libre ejercicio de la competencia que tiene cada territorio de rebajar los impuestos cedidos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y la parte autonómica del IRPF. Pero Puig, el incompetente, prefiere subir a los valencianos estos impuestos», escribía Muñoz esta semana en Valencia Plaza.
Media una amplia distancia entre este planteamiento de la diputada y la enmienda a los presupuestos de este año que el exlíder de Cs Toni Cantó pactó con los socialistas y llegó a firmar. Esa propuesta suponía una ligera reducción impositiva a los más humildes (del tipo del 10 % aplicable a rentas anuales inferiores a 12.450 euros al 9,5 %) y una leve subida para los que más ganan: del 24,5 al 24,75 % a las rentas entre 65.000 y 80.000 euros, por ejemplo. La enmienda no salió adelante porque a los socios del PSPV no les gustaba la imagen de un acuerdo con Cantó, hoy alto cargo en el Gobierno de Madrid.
Entre esos documentos de 2020 y hoy han sucedido varios hechos. Isabel Bonig ha caído en la estructura de mando del PPCV y Mazón ocupa ese lugar. Y ha pasado, sobre todo, la victoria abrumadora de Díaz Ayuso en Madrid con su mensaje de libertad y menor presión fiscal, algo que los socialistas denuncian que es relevante sobre todo en las grandes fortunas y sirve para atraer capitales de otros territorios. La presidenta madrileña era en 2020 un referente importante conservador. Hoy es el modelo de una forma de conquistar a la ciudadanía. Los efectos de ello pueden producir incoherencias con acuerdos cercanos, pero ya se sabe que en políticas las afirmaciones duran poco.
