El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón diseñó ayer un nuevo calendario para la macrocausa 'Púnica', ante la fecha límite del 29 de julio que le obligaba a cerrar o prorrogar las nueve piezas sujetas a este plazo. Así, optó por terminar la investigación sobre la trama valenciana, los contratos de eficiencia energética y las adjudicaciones menores en Valdemoro y otros municipios, dándose más tiempo para seguir indagando en los demás casos. García-Castellón consideró que no procede seguir indagando en la rama valenciana de la 'Púnica, enmarcada en la pieza 10, sobre adjudicaciones sospechosas en València y Dénia, pero también sobre irregularidades similares en Madrid, Majadahonda y Valdemoro.

La reforma operada el año pasado en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) situó a buena parte de las investigaciones judiciales al borde del abismo este 29 de julio, incluidas las que conforman 'Púnica', una macrocausa iniciada en 2014 en torno a una trama de corrupción que habría consistido en adjudicar 'a dedo' contratos públicos a empresarios que pagaban generosas comisiones por ello, las cuales se blanqueaban mediante un enjambre societario.

La 'Púnica' habría nacido y centrado su actividad en la Comunidad de Madrid con el ex alcalde de Valdemoro y ex consejero regional Francisco Granados, presunto cabecilla, y su entonces socio, David Marjaliza, como principales muñidores, pero también se habría extendido a otros puntos de la geografía española, con tramas autóctonas en León, Murcia y Valencia.

Según diferentes autos del mismo 29 de julio, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juezconcluyó la instrucción de la pieza 5, sobre contratos menores en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, pero antes de hacerlo ordenó practicar las últimas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, reclamando al Ayuntamiento de Valdemoro las certificaciones de obra de una residencia de mayores, «con el alegado exceso de mediciones en las partidas implicadas».

De las restantes piezas, destaca la número 9, donde el magistrado intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una 'caja b', nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. La ex presidenta regional Esperanza Aguirre es la principal imputada. García-Castellón decidió prorrogar esta línea de investigación tres meses.