La ardua instrucción del caso Erial, en el que aún se sigue analizando información recabada en los registros, ha obligado a los investigadores de esta causa, que investiga al exministro Eduardo Zaplana y su círculo más cercano de confianza, a prorrogar la investigación seis meses más. Según un auto del Juzgado de Instrucción 8 el plazo de la instrucción se extenderá hasta el próximo 29 de enero de 2022. La Fiscalía Anticorrupción había informado a favor de esta prórroga justificada para permitir al grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «concluir los informes pendientes». Igualmente en septiembre continuarán algunas declaraciones y diligencias pendientes.
El auto de la magistrada también añade que «la instrucción [del caso Erial] ha demostrado que tras el análisis de la documentación intervenida se descubren hechos que la completan y que hacen necesaria la práctica de diligencias y la ampliación de las personas investigadas, como sucedió con los últimos registros practicados» en referencia a la intervención de documentación en la vivienda del exconseller de Industria Fernando Castelló. Bajo su mandato se ejecutó la adjudicación del Plan Eólico Valenciano que es, precisamente, uno de los contratos bajo sospecha en el caso Erial, que investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones del megacontrato eólico y de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
La magistrada añade en el auto que «es imposible en este momento saber por adelantado qué pruebas va a ser necesario practicar, además de las declaraciones que ya se encuentran señaladas para el mes de septiembre, por lo que se hace necesaria la prórroga mencionada para no perjudicar la instrucción» justifica en su decisión que no es firme y puede ser recurrida ante el propio juzgado y la sección quinta de la Audiencia de València.
Aunque en este caso las defensas de los principales acusados están de acuerdo en la prórroga de la instrucción, según varios escritos presentados por los letrados a los que ha tenido acceso Levante-EMV.
Es el caso del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien solicita a través de su letrado «la prórroga de la presente instrucción para probar la inocencia de don Eduardo Zaplana y destruir la presunción de culpabilidad de mi representado que parece guiar la presente instrucción».
Por ello, aunque en el mismo escrito critica la excesiva duración de la instrucción (iniciada en 2015 tras el hallazgo fortuito de la «hoja de ruta» de las mordidas en un registro del caso Taula), la defensa de Zaplana también se suma a la petición de «la prórroga de la presente instrucción por un plazo de seis meses».
Similar esquema reproducen en el escrito presentado por la exdiputada Elvira Suanzes y su hermano, investigados en esta causa como presuntos colaboradores en el blanqueo de las supuestas mordidas cobradas por Zaplana. «Entendemos resulta procedente dictar prórroga del plazo de instrucción por seis meses adicionales para hacer posible y dar lugar a la efectiva práctica y ejecución de las diligencias» impulsadas por los investigadores y solicitadas por las defensas.
«Una causa tan compleja, con numerosos investigados, sociedades y hechos que afectan a delitos públicos contra la administración debe garantizarse poder realizar diligencias y terminar el procedimiento cuando se encuentre toda la fuente de prueba a disposición judicial».
El exministro critica la «excesiva duración» del caso
El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y la exdiputada Elvira Suanzes, investigados en el caso Erial, parecen compartir estrategia de defensa. Ambos se suman a la petición de prórroga de la instrucción hasta enero de 2022 pero al mismo tiempo critican la «excesiva duración de la presente instrucción, que pronto alcanzará los seis años, de los cuales más de la mitad se mantuvo secreta», en el caso de la defensa del exministro de Trabajo. O «la queja» que muestra la defensa de Suanzes por «la longevidad de las actuaciones».
