La energía fotovoltaica está llamada a ser el gran instrumento para iniciar la deseada transición ecológica y acabar con la dependencia de los combustibles como el gas o el petróleo. Es el camino más rápido para reducir las emisiones y cumplir con los objetivos medioambientales para 2030. El Consell aspira a que a finales de esta década la Comunitat Valenciana alcance una producción de 6 gigavatios (GW), esenciales para abrir el camino de la descarbonización. En la actualidad tan solo salen de las plantas valencianas 0,3 megavatios (MW), por lo que la Secretaría autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica está volcada en que salgan adelante el mayor número de proyectos de los más de 400 presentados en la Generalitat.
«Para el Consell la energía fotovoltaica, la eólica y las renovables en general son un objetivo estratégico. Necesitamos producir 10 GW de energías renovables en 2030, 6 GW de fotovoltaica y 4 GW de eólica, por ello aprobamos el decreto 14/20 que agiliza los trámites para este tipo de instalaciones. Ahora acabamos de hacer balance con las empresas del sector tras un año de su puesta en marcha, y aunque nos piden más agilidad, lo cierto es que somos la comunidad autónoma con el instrumento más avanzado para desarrollar este tipo de políticas», explica Paula Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Tuzón se refiere a un reciente cumbre que mantuvo con 15 representantes del sector de la energía fotovoltaica, desde medianas empresas, hasta importantes asociaciones y gigantes de la energía. La perspectiva desde el mundo empresarial es positiva, pero con un matiz importante. «El feeling con Paula Tuzón es buenísimo, compartimos gran parte de la visión estratégica de la Generalitat. El problema es que no todos los organismos de la Generalitat están alineados. El resultado es que no sale ningún proyecto, es una parálisis total y para nosotros es una falta de compromiso con la emergencia climática que el propio Consell predica», explica José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Idéntico análisis realiza Marcos Lacruz, presidente de la Asociación de Energía de la Comunitat Valenciana (Avaesen): «Nosotros vivimos el nacimiento del decreto ley con muchísima ilusión. Es una buena ley para empezar, aunque no es perfecta. Pero el grado de desarrollo de las renovables en la Comunitat Valenciana es dramático. No se están desarrollando los proyectos».
Desde el Consell admiten que la tramitación es costosa porque depende de tres consellerias diferentes. Economía Sostenible (Industria y Energía) es «el órgano sustantivo» que dirige el procedimiento, que pasa también por Territorio (Paisaje) y Cambio Climático.
Para Avaesen, el problema es que el primera trámite, que es la exposición pública, aún no se ha realizado. «Los proyectos ahora mismo se encuentran en Industria, aún no han salido de ahí y ni siquiera se ha hecho la exposición pública», señala Lacruz. El presidente de la asociación mayoritaria en la Comunitat Valenciana, con 160 empresas, explica que el «drama» es que el sector «ha arriesgado mucho y el avance es muy lento. Los avales que hemos pedido están en riesgo», advierte Lacruz.
En cambio, desde la UNEF señalan directamente a la Dirección General del Paisaje como responsable del cuello de botella administrativo. «Probablemente hay una falta de medio humanos para gestionar todas las peticiones, pero si después de un año no se ha aprobado ninguna petición, es que pasa algo más», lamenta Donoso, que representa a más de 50 empresas valencianas asociadas.
Paula Tuzón, por su parte, admite que el decreto se aprobó con la expectativa de que las tramitaciones de proyectos de fotovoltaica estuvieran aprobadas «en doce meses» en el caso de las que son de competencia autonómica.
Desde la Dirección General de Política Territorial y Paisaje recuerdan que desde principios de año se han creado 18 nuevas plazas para reforzar las tareas asociadas a la tramitación de los expedientes de energías renovables, de las que once son fijas. Al contrario de lo que afirma UNEF, el departamento que dirige Rosa Pardo informa que entre procedimientos previos al decreto y posteriores a este, se están tramitando un centenar de proyectos, de los que se ha informado total o parcialmente ya de 86, e insisten: el expediente vuelve al órgano sustantivo para que lo autorice o no, que en este caso es Dirección General de Industria y Energía.
Tipos de instalaciones
Respecto al tipo de instalaciones, la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, explica que las instalaciones de menos de 5 MW, las más pequeñas, «no necesitan de una DIA gracias al decreto, lo que agiliza mucho su tramitación. La Generalitat es competente de las instalaciones de menos de 50 MW, que tampoco necesitan una declaración de impacto comunitario, mientras que el Ministerio tramita las de más de 50 MW, aunque pide informes a las consellerias competentes.
En este sentido, Dirección General del Paisaje explica que la resolución más compleja y larga es, precisamente, la de los proyectos de competencia estatal (los de mayor impacto), y que en muchas ocasiones han tenido que pedir a los ayuntamientos «que tramitaran algún instrumento de planificación territorial ante la ausencia de un plan que delimitara los diferentes usos», asegura la directora general Rosa Pardo.
Actualmente, de las más de 400 solicitudes, 53 las está tramitando el Ministerio de Transición Ecológica y 340 la Generalitat. Todos estos proyectos suman una potencia de 11 KW, es decir, casi el doble del objetivo para 2030. Sin embargo, Tuzón recuerda que muchos de ellos «no serán aprobados» porque algunos «son especulativos» y otros «deberán modificarse según los criterios ambientales», pero es una cifra «que permitiría alcanzar el objetivo 2030 antes de lo previsto». «Para lograr la descarbonización hay que alcanzar los 55 GW, así que tenemos mucho camino por recorrer», asevera la secretaria autonómica.
Desde la Generalitat se apuesta por plantas pequeñas o medianas y dudan que se establezca algún proyecto que alcance los 100 megavatios. «Vamos a ser exigentes con los grandes proyectos», asegura Tuzón. El debate futuro está precisamente ahí, en el espacio que necesita la fotovoltaica para generar la energía necesaria y su impacto en el paisaje.
