La alicantina Angels Díaz Lloret, de 28 años, dice que desea «tener estabilidad» y que se frustra al no conseguirla. «Estabilidad», en el diccionario, se define como algo «que se mantiene sin peligro de cambiar o desaparecer». Pero el contexto que ha vivido Angels, que es igual al de miles de jóvenes españoles, hace que esa palabra, «estabilidad», haya distorsionado su significado hasta tal punto que, cuando Angels continúa la frase, el sentido de lo que dice da un desconcertante volantazo de 180 grados. «Es que quiero estabilidad al menos durante un año, un año en el que no tenga que estar haciendo números y dando tumbos», pide esta joven ingeniera química. Vive con su madre y su hermano en casa de sus abuelos en Sant Joan d’Alacant y realiza sus enésimas prácticas —remuneradas, por lo menos— en el departamento de prevención de una cadena de tiendas deportivas.
La semana pasada se presentó la macroencuesta ‘El futuro es ahora’, en la que 13.587 personas entre 16 y 34 años de toda España mostraron tres preocupaciones principales: el acceso al mercado laboral, la calidad del empleo y el acceso a la vivienda. Las tres se entrelazan con la historia de Angels.
«Ahora mismo, ni me planteo independizarme, el día de mañana me gustaría poder comprar una casa pero ahora mismo ni me lo puedo plantear. Tengo un amigo que con 40 años ha tenido que volver a vivir con sus padres, yo no quiero verme en esa situación», cuenta Angels.
Después de que el Gobierno no pusiera un tope al precio de los alquileres al apostar por un modelo de beneficios fiscales para quienes arrienden a precios ajustados, la cuestión sigue viva en ciudades donde los alquileres siguen siendo caros. Aunque los de Alicante no son tan elevados como los de València, Madrid o Barcelona, Angels dice que no se puede permitir pagar 500 euros y que sus amigas que sí lo hacen «van muy justas». «Creo que el precio de los alquileres debería estar regulado», dice, y reclama un acuerdo entre partidos para «invertir más en educación y en los jóvenes». A Angels se le acaba el contrato de prácticas en octubre y querría hacer un último máster en ingeniería industrial pero tampoco se lo puede permitir.
En Castelló de la Plana, Ishtar Uribe, de 24 años, no es que no pueda hacer un máster, es que tuvo que dejar la carrera de composición en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad por tener que trabajar. «No me daba la vida y tuve que dejar de estudiar. Ya de por sí estaba en un montón de minitrabajos para que me complementaran las horas de estudiar y ganaba una miseria», dice Ishtar, quien es una de las dirigentes del Consell de la Joventut de Castelló (CJCS).
Aparte de esa responsabilidad añadida, Ishtar es técnico de sonido. Ese grado superior sí pudo acabarlo y de ello está consiguiendo vivir. «Me siento muy afortunada porque encima estoy en el sector artístico», asegura, a pesar de haberse visto obligada a abandonar el conservatorio.
Le gustaría acabar Composición en el futuro porque es algo que siente que le «falta», pero por otro lado argumenta que su sueño es dedicarse a cualquier cosa que tenga que ver con el mundillo artístico, «ya sea delante de un escenario o detrás», y que en el trabajo que tiene ahora por fin ha encontrado una buena remuneración. Ella sí que se ha ido de la casa familiar y vive con una compañera de piso en Borriana, más económico que Castelló. Y eso que hace poco llegó a ver el panorama realmente negro, cuando se dio cuenta de que desde que había cumplido la mayoría de edad solo había cotizado tres meses a la Seguridad Social. Ishtar apenas había parado de trabajar desde los 18 años, pero siempre había cobrado en negro.
«He encontrado un poco de estabilidad después de mucho sacrificio. Cuando dejé Composición, la gente de mi entorno ya llevaba tiempo diciéndome que me estaba comiendo la salud mental y que eso debería ir por delante», recuerda esta castellonense sobre el tiempo en que casi no disponía de dinero para pasar el mes.
Es ahí donde reside una de las reclamaciones principales de Ishtar a los gobernantes: el acceso al cuidado de la salud mental. «Medidas en ese sentido son súper necesarias, la mayoría de la gente joven hoy necesita un psicólogo y es muy difícil conseguirlo en la sanidad pública. A mí me costó un año que me dieran cita, y cuando te lo dan es una vez al mes y cuando lo consigues tienes que congeniar bien con el psicólogo que te ha tocado porque si no pierdes la oportunidad», explica sobre su odisea. Tanto en el CJCS como en el colectivo juvenil que aglutina a toda la Comunitat Valenciana han realizado campañas de concienciación sobre la salud mental.
Una brecha generacional palpable
Alexandre Tomás es vicepresidente del Consell Valencià de la Joventut, la entidad autonómica, y asegura que su programa sobre la salud mental es un ejemplo de buena colaboración con la Generalitat, en un momento en el que la llamada brecha generacional pone en peligro el diálogo entre jóvenes y gobernantes . «Aquí la relación que tenemos con los actores políticos es exitosa y nos están escuchando, pero lo ideal sería que en todas las consellerias se incorporara la visión de juventud. Es una de las cosas que la gente joven, en esta encuesta que ha salido, piensa que no se cumple: no suele haber perspectiva joven, a lo mejor por eso hay una desafección política tan grande», analiza Alexandre. Para él, la macroencuesta confirma que los jóvenes «están detectando cuáles son los problemas principales y aportando soluciones». Es decir, que aunque no se llegue a soluciones políticas —«se necesita un consenso amplio que ahora es difícil de conseguir»—, sí será «más fácil politizar esos asuntos».
El sociólogo de la Universidad de Alicante y vocal de la Asociación Valenciana de Sociología Mariano González asevera que «existe un choque intergeneracional importante». Y añade que, como la franja de 16 a 34 años no aglutina a tanta gente como otras, los políticos enfocan sus propuestas lejos de ellos. «Es difícil encontrarse cuando además ambas partes no hablan el mismo lenguaje. Hay dos brechas, la que provoca el cambio hacia una sociedad del conocimiento y otra específica de España, en el proceso de ascenso económico», recalca.
Uno de los que se ha chocado con ese muro ha sido un joven de 27 años de Almenara, Sergio Comas. Él da clases de percusión —fijo— en cinco escuelas de música la provincia de Castelló y en una ‘online’, en verano es socorrista en la playa y además es auxiliar de enfermería. «Me falta ser policía o bombero; y ni así me darían la hipoteca que he estado buscando todo este año para comprar una casa», lamenta. Los bancos le pedían 15.000 euros de ahorros. «¿Qué persona de mi edad tiene 15.000 euros gastadores?», se pregunta con sarcasmo. «En el banco me decían que el sistema les daba error. No miran a las personas, si los números no les cuadran, no te dan nada», critica. En el futuro, se plantea opositar para ser profesor de música en escuelas si eso hace que aumenten sus posibilidades de tener una vivienda propia. Por ahora, vive solo en una casa que pertenece a sus padres y, para tener estabilidad, seguirá recorriendo Castelló de sur a norte. Enseña en Almenara, La Vall d’Uixó, Vilafamés, Albocàsser y Sant Mateu. Son 494 kilómetros semanales que corren a cuenta de su bolsillo.
González apunta que dos cuestiones «muy interesantes» de la macroencuesta son el rechazo a los discursos de odio y el «gran consenso respecto a la transición ecológica». En ese campo labran camino muchas asociaciones juveniles. El tesorero del Movimiento Escolta de Valencia, Raúl Sánchez, indica que parte de sus actividades se enfocan en los huertos urbanos, la limpieza del cauce del Túria y la propuesta de proyectos alternativos que no consuman tantos recursos. «Tenemos que tener más cuidado del entorno que tenemos, estamos consumiendo recursos sin pensar en que se van a terminar. La clave es acudir a tantos espacios públicos como sea posible, que se nos escuche y se nos vea», expresa Raúl, miembro de un movimiento ligado tradicionalmente a la Iglesia y que tiene 5.000 miembros solo en la provincia de Valencia. Raúl, de 27 años, cree que «desde la inexperiencia», pueden conseguir que, «por lo menos», tengan en cuenta la opinión joven en los espacios de poder sobre aspectos en los que ellos —y no tanto los más mayores— se juegan el futuro.
