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La CHJ apoya a los regantes y exigirá al Gobierno incluir el Convenio de Alarcón

El presidente Miguel Polo asegura que el acuerdo por el uso del agua debe estar recogido en el Plan Hidrológico del Júcar «y no ser solo una referencia»

Imagen aérea del pantano de Alarcón, con su presa en la parte inferior. | LEVANTE-EMV

Los seis meses de exposición pública a los que se enfrenta el nuevo Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 han comenzado con polémica. La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) alertó que en el borrador hecho público por el Ministerio para la Transición Ecológica no se había incluido el convenio del Embalse de Alarcón, que garantiza el uso de agua del pantano por parte de los regantes valencianos, propietarios de la infraestructura aunque gestionada por el ministerio y la confederación. Por eso, tras la «sorpresa e indignación» que mostró la USUJ, las reacciones no se hicieron esperar y tanto el Consell como la oposición apoyaron a los regantes en su reclamación. Esta semana se conoció la postura del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien hizo público su apoyo a los agricultores en una reunión telemática el 21 de julio de 2021, el día del 20 aniversario de la firma de este convenio.

Allí, Polo reconoció que la CHJ estará del lado de los regantes y que la institución trabajará en los próximos meses para recoger en la normativa del Plan Hidrológico «los compromisos adquiridos por la Administración en el convenio». Polo matizó que no se van a conformar a que solo aparezca, como hasta ahora, «una mera referencia» a la existencia de este documento rubricado en 2001, si no que se quiere recoger íntegramente estos compromisos en el nuevo plan hidrológico. De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica «reconocerá la importancia del Convenio de Alarcón».

Este posicionamiento y apoyo a los usuarios del embalse resulta fundamental para los intereses de los valencianos, que tienen en el documento las garantías, condiciones y ventajas del uso y explotación de la infraestructura y sus recursos hídricos de los que dependen buena parte de la provincia de València.

El 21 de julio de 2002, la USUJ firmó el convenio junto al Ministerio de Medio Ambiente por el que cedía la gestión del pantano, construido y financiado por regantes en la década de los años 40 y por empresas hidroeléctricas que fueron después absorbidas por Iberdrola. De esta forma, la propiedad nunca se cedió -sigue siendo de los valencianos- pero sí sus usos y administraciones, al asumir que debían entrar otros actores al Júcar, en especial los regantes de la Mancha Oriental y el Vinalopó. Por eso, el convenio recoge los beneficios que los regantes valencianos obtenían a cambio de esta cesión, que son tres: por un lado, que el Gobierno acometiera la modernización de las infraestructuras de regadío (que se han producido a cuenta gotas en estos 20 años), por otro, la garantía de una curva de reserva de agua para asegurar el riego de los cultivos valencianos y por último, la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.

De hecho, como aseguran desde la USUJ, el convenio tiene entidad propia y plena independencia, por lo que incluso sin estar dentro del Plan Hidrológico del Júcar, tiene vigencia y autoridad. Sin embargo, al añadirlo al plan nacional se le dota de más autoridad y relevancia a la hora de dejar por escrito los usos del agua del pantano para todos los usuarios.

Un «olvido subsanable»

Si para los regantes la exclusión del convenio en el Plan Hidrológico fue un agravio en toda regla para sus intereses, no fue una amenaza menor para la Conselleria de Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà. Como máxima adalid de los recursos naturales y su explotación en la autonomía, aseguró al día siguiente que confiaba en que se tratara de un «olvido» por parte del Ministerio que dirige Teresa Ribera, y mostró su apoyo a los agricultores valencianos en lo que calificó de «derecho» sobre la reserva hídrica de Alarcón. Mollà confió en que el error fuera «fácilmente enmendable» y pidió «paciencia».

De este pantano dependen, según los datos de la Usuj, un total de 40.0000 personas integradas en la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Reganes de Sueca y Cullera junto a los usuarios industriales del río, además de los consumidores urbanos.

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