Un total de 130 municipios de la Comunitat Valenciana, el 24% de las 542 poblaciones valencianas, se han adherido a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), según confirman fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Movilidad y Obras Públicas. Este nuevo organismo previsto en la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup), en vigor desde el 20 de agosto de 2014, se crea para ejercer las competencias autonómicas en materia de disciplina urbanística de forma consorciada con los ayuntamientos que cedan voluntariamente sus competencias. Debe entrar en funcionamiento antes de que acabe el año, según las previsiones del departamento que dirige Arcadi España.
Por provincias, la que más poblaciones aporta por ahora a la Agència Valenciana de Protecció del Territori es la de València, con 68 municipios consorciados. Entre ellos la ciudad València, que se ha adherido en el último pleno del mes de julio a este organismo con el objetivo de fortalecer la defensa del suelo no urbanizable común o protegido, «que en València corresponde a la huerta y al Parque Natural de l’Albufera, contra determinadas actuaciones que pueden suponer un grave perjuicio», según anunció el alcalde Joan Ribó, al anunciar en junio la presentación al pleno de la propuesta de adhesión a la nueva agencia. València también quiere optar a tener representación en el consejo de dirección de la AVPT.
La segunda provincia con más municipios adheridos es la de Alicante con 37 municipios sumados a la Agència Valenciana de Protecció del Territori y Castelló con otras 25 localidades. Entre las tareas del nuevo director de la AVPT nombrado por el pleno del Consell el pasado viernes, el arquitecto y exalcalde de Alcublas y Llíria, Manuel Civera Salvador, estará la de conseguir que la mayoría de los 412 municipios que restan por adherirse se sumen a la nueva entidad que velará por el respeto ala ordenación del territorio.
En el perfil de las poblaciones que han decidido sumarse a la Agència Valenciana de Protecció del Territori abundan sobre todo las localidades más pequeñas y cuya capacidad de tramitación administrativa de las competencias y disciplina urbanística es muy reducida. Aunque también aparecen ya algunas de las ciudades más pobladas de la Comunitat Valenciana como València, Elx, Alcoi, Alzira y Burjassot.
Aunque el mayor reto que afrontará Civera Salvador en la nueva Agència Valenciana de Protecció del Territori será el de afrontar la tramitación de los planes de minimización ambiental para legalizar las 350.000 casas ilegales que se calcula existen en la C. Valenciana. Entre ellas muchas casetas o paelleros que han evolucionado a viviendas desde los años sesenta y setenta del pasado siglo y que constituye uno de los principales quebraderos de cabeza del urbanismo valenciano. Y que también suponen un grave problema medioambiental por los vertidos de aguas residuales al nivel freático y la falta de gestión de los resíduos sólidos, entre otras deficiencias de estas casas ilegales que son auténtica legión y llegan a formar urbanizaciones en ciudades como Castelló (La Marjaleria), Catral, Barx, Dénia, Elx, Marxuquera, Montserrat, Montroi, Llíber, Llíria, Ontinyent, Villalonga, Xàbia, entre otros muchos municipios valencianos. Curiosamente de este listado de municipios con más viviendas ilegales sólo se han sumado ya a la Agència Valenciana de Protecció del Territori las localidades Dénia, Xàbia, Barx, Ador (que tiene una pequeña parte de su término en la partida de Marxuquera) o Montserrat.
Curiosamente, la localidad de la que fue alcalde Civera Salvador entre 2015 y 2019, Llíria, no se ha sumado aún a la Agència Valenciana de Protecció del Territori. De hecho, no se ha sumado ninguna localidad de la comarca de el Camp del Turia. Tampoco municipios con grandes bolsas de casas en situación irregular como Llíber, Catral u Ontinyent.
