Jueves 12 de agosto. Esa es la fecha límite en la que los 50 vecinos y vecinas del barrio de la Creu Coberta de València deberán abandonar los dos edificios situados en la calle Manuel Arnau, que se encuentran, según los informes municipales, en peligro de «ruina inminente». Así lo anunciaron ayer los técnicos del consistorio y los bomberos a las distintas personas afectadas que se encontraban en la zona para hacer frente al posible desalojo que se iba a producir.
Esta decisión se tomó tras el estudio de las viviendas por parte de los técnicos, quienes explicaron que los habitáculos se encuentran en «peligro de ruina inminente», pero «el colapso no es inmediato», por lo que estas personas todavía pueden permanecer en su interior unos días más.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, anunció que a lo largo de la mañana de hoy mantendrá una reunión con la Conselleria de Vivienda y la Conselleria de Políticas Inclusivas, en la que también participará el sindicato de barrio «Construyendo Malilla», con el objetivo de llegar a un acuerdo y que el desalojo se «produzca de la manera más pacífica posible».
Lozano ha señalado que «necesitamos soluciones concretas para casos concretos, ya que las situaciones de las familias son muy diversas». Además, ha recalcado que son familias «muy visibles para los servicios sociales, ya que la mayoría están recibiendo la Renta Valenciana de Inclusión».
Mañana de reivindicaciones
Los 50 afectados, que se mostraban muy preocupados por el desenlace de la situación, contaron, en todo momento, con el repaldo de otros residentes de la zona y de algunas asociaciones como el sindicato de barrio «Construyendo Malilla», que se personaron en la zona a las siete de la mañana. A lo largo de la jornada, vecinos y sindicato reivindicaron que las personas «no se pueden quedar en la calle en plena pandemia».
Desde «Construyendo Malilla» han destacado que «hemos conseguido parar el desalojo y aplazarlo, por lo que hemos ganado tiempo, pero no es una solución definitiva». Los miembros de esta plataforma han recalcado que les han ofrecido una compensación económica de unos 500 euros, pero han denunciado que ese dinero «no va aimpedir que estas familias se queden en la calle, puesto que no tienen ninguna alternativa habitacional concreta». «La situación económica y laboral de muchos no les permite acceder a un alquiler», han añadido.
En este sentido, Tania Rubin, una de las vecinas afectadas, ha afirmado a Levante-EMV que «me sigo viendo en la calle porque en 10 días no puedo encontrar una solución».
Además, Tania ha explicado que, entre las soluciones propuestas hasta el momento, «nos han dicho que busquemos otras alternativas, que nos ayuden nuestras familias o que nos desplacemos a viviendas sociales en otros municipios». Esta vecina ha expresado la necesidad de que los vecinos «también estén presentes en la reunión entre las administraciones». Otro de los afectados ha agregado que con 500 euros «no podemos permitirnos un alquiler y pagar la luz, el agua y la comida». Los afectados esperan que la reunión entre las distintas administraciones les ofrezca respuestas «reales» y «adaptadas a la situación y las circunstancias».
