El president de la Generalitat, Ximo Puig, también anunció ayer que planteará a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la reunión que mantendrán en septiembre la necesidad de ejecutar el tren de la costa y la posibilidad de la colaboración público-privada para llevar a cabo esta infraestructura.
Puig aseguró en respuesta a los periodistas durante un acto en Xàbia que el tren de la costa es «una infraestructura imprescindible» y desde hace tiempo se trabaja con los alcaldes de Dénia y Xàbia especialmente, ya que se trata de una obra compleja medioambientalmente que hay que hacer «bien».
No es la primera vez que se menciona la colaboración público-privada para este proyecto de conexión ferroviaria que la ciudadanía de la Safor y la Marina reclama desde hace cuarenta años. Pero ninguna institución ha dado un paso al frente para financiar esta esperada conexión en transporte público. Los fondos europeos son la última esperanza.
La Generalitat llegó a aprobar un estudio informativo y expropiar los terrenos para ejecutar unas obras que nunca se materializaron. En marzo de 2007 el entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, anunció que la Generalitat retomaba el proyecto pero lo extendía desde Dénia hasta Alicante y con un nuevo diseño: en ancho europeo, alta velocidad de 220 kilómetros por hora y 115,08 kilómetros de trazado de los que 6,08 km se proyectaban en siete túneles.
En 2010, el sucesor de García Antón en Infraestructuras, Mario Flores, presentó un «estudio de planeamiento» (sin efectos legales porque no salió a información pública) que reducía el trazado a 88,941 kilómetros, 9,1 de ellos en 12 túneles. El «Plan de Cercanías» que presentó en 2010 el ministro de Fomento, José Blanco, fijaba que el tren se financiaría al alimón entre ambas administraciones (se incluía también la duplicación de la vía única entre Cullera y Gandia, lo que aumentaba el trazado hasta los 220 kilómetros). En octubre de 2011 la consellera Isabel Bonig firmó un protocolo que preveía financiación estatal (560 millones), autonómica (531) y privada (231 millones) para el tren de la costa.
El Ministerio de Fomento echó un jarro de agua fría en 2017 al considerar el tren de la costa poco rentable. Pero el ministro Ábalos continuó con el proyecto, que está pendiente de declaración de impacto ambiental.
