La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha remitido una carta a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, solicitándole su intervención para solventar la ausencia del convenio del Embalse de Alarcón en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 que, en estos momentos, se encuentra en fase de información pública.

En la carta se pone de manifiesto que “el Convenio de Alarcón, las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar dictadas en aplicación del mismo, y la doctrina del Tribunal Supremo que lo ha interpretado y aplicado durante todos estos años, nos ha llevado hoy a una situación de seguridad jurídica y de paz en el Júcar evitando en gran medida los conflictos territoriales por el agua”.

Igualmente, USUJ insiste en que todos se han beneficiado del Convenio, tanto el Ministerio, obteniendo legítimamente la gestión y explotación del embalse de Alarcón, financiado por USUJ al 100%, sin necesidad de expropiarlo, como los usuarios de USUJ, logrando mantener la garantía de derechos de agua prioritarios a través de la reserva establecida en Alarcón y obteniendo en compensación a las inversiones realizadas, el compromiso de modernización de sus regadíos y el especial régimen económico en el canon de regulación de Alarcón y en las tarifas de nuestras obras de modernización.

También se han beneficiado el resto de usuarios del Júcar al disponer de un embalse de 1.113 Hm3 y al disponer de unos ahorros de 178 Hm3 para el sistema obtenidos con las obras de modernización ejecutadas en la Acequia Real del Júcar.

USUJ reitera que “no pedimos más que el cumplimiento de lo que ya acordamos hace 20 años: el respeto a nuestra reserva de agua en Alarcón, la terminación de nuestras obras de modernización y el respeto al régimen económico especial pactado en compensación al coste que pagamos por el embalse y cuya gestión cedimos”.

Modernización de regadíos

Respecto a la modernización de regadíos, USUJ recuerda que “aún quedan cerca de 100 millones de euros para terminar nuestras obras. Unas obras que ya el PHJ de 1998 declaraba prioritarias y urgentes y que aún siguen pendientes. Hemos visto como el MITED ha aprobado la inversión de más de 1.500 millones de € en obras de regadío dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y no entendemos por qué no ha incluido nuestras obras”.

En este sentido, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar insiste en el agravio que supone algunas de las obras incluidas en el Plan de Recuperación. “Hace poco salieron a información pública los proyectos de las obras de Sustitución de Bombeos de la Mancha Oriental con una inversión de 69 millones de €. El compromiso de sustitución de bombeos nació de los acuerdos del PHJ de 1998, un Plan que priorizaba nuestras obras por la necesidad de generar previamente ahorros de agua para el sistema”.

Por todo ello, USUJ ha solicitado formalmente al Ministerio que haga pública su firme decisión de cumplir con los acuerdos del Convenio del Embalse de Alarcón y de incorporar dichos acuerdos en el Plan Hidrológico del Júcar ciclo 2022-2027 y que incluya la totalidad de las obras de modernización pendientes en el Plan de Recuperación y Resiliencia para su inmediata ejecución”.  

40.000 regantes implicados

La entidad que aglutina a los 40.000 regantes de la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera, propietarios del embalse de Alarcón, junto a los usuarios industriales del río, ha solicitado una reunión urgente con la Ministra para poder tratar este asunto esencial para los intereses de los regantes valencianos.

El Convenio del Embalse de Alarcón, firmado en 2001, ha supuesto una muestra de solidaridad de los regantes valencianos con el resto de los usuarios del río Júcar. A través de este acuerdo, USUJ conseguía el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 1983 que obligaba a la administración a la entrega del embalse, pagado al 100% por los usuarios, y cedía su gestión a cambio de una serie de contraprestaciones: la garantía de una curva de reserva de agua, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las obras de modernización de regadíos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.