El Ministerio de Hacienda prevé presentar en noviembre la definición del criterio de "población ajustada", que será el que se utilice para repartir los recursos entre las regiones y que constituye el primer hito de la reforma de la financiación autonómica.
El anuncio del departamento que dirige María Jesús Montero coincide con la reclamación que el jefe del Consell, Ximo Puig, solicitó en la reciente conferencia de presidentes autonómicos para que se presentara una propuesta de un nuevo modelo antes de finalizar el año. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados ya aprobó una iniciativa en este sentido el pasado mes de abril.
Ahora la ministra ha señalado en una entrevista que, una vez finalizada la ronda de reuniones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas, prevé presentar "una de las partes nucleares" de la financiación autonómica que es el criterio de "población ajustada".
Este criterio será, a propuesta de las propias comunidades autónomas, el que se aplicará para repartir los recursos y tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad o la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste de la prestación de los servicios públicos.
Eso sí, ha advertido: "Si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para la ministra "es una palabra que se utiliza mucho por el Partido Popular" y que le recuerda "mucho a los independentistas".
Una vez establecido el criterio, entiende que el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la armonización fiscal.
Lo que ha dejado claro que no se abordará en el debate de la financiación autonómica es el concierto económico del que disfrutan el País Vasco y Navarra, ni para suspenderlo en estas comunidades, ni para extenderlo a otras.
