El Tribunal de Cuentas ha puesto a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en el punto de mira por el repunte de las irregularidades en materia de ingresos de naturaleza tributaria comunicadas por los interventores municipales a través de los canales oficiales de rendición de cuentas. Las entidades locales del territorio fueron las que más anomalías de este tipo registraron en el último año fiscalizado por el órgano de control estatal (el ejercicio 2019), al acumular el 19 % de las 981 incidencias advertidas por los técnicos (un total de 186), una cifra que las sitúa por encima de las corporaciones de la Comunidad de Madrid, con un 15 % de las desviaciones señaladas, y del resto de comunidades.
Aproximadamente la mitad de los informes de los interventores alertando de posibles incumplimientos (el 48 %) versan sobre la gestión indebida de los recursos procedentes de las tasas y precios públicos municipales. En algunos casos se señala la falta de adecuación de los procedimientos seguidos a la legislación vigente, mientras que, en otros, se muestra disconformidad con el cálculo de las tarifas establecidas o con la propia creación de nuevos pagos que han de afrontar los vecinos por el uso de determinados servicios.
El 39 % de los expedientes de irregularidades vinculados a los ingresos se emitieron en ayuntamientos de poblaciones de 5.000 a 20.000 habitantes, que tienen una menor capacidad para la gestión de sus recursos. Si únicamente se tiene en cuenta el importe, sin embargo, el 80 % de las incidencias contabilizadas por el Tribunal de Cuentas están relacionadas con anomalías en la recaudación de impuestos locales -terreno abonado a los litigios judiciales- y se concentran en corporaciones de más de 100.000 habitantes. Por no respetar el plazos legales de exposición pública, recientemente la justicia anuló una subida fiscal aprobada en Carcaixent.
La tercera categoría de ingresos que más problemas genera es la correspondiente a los derechos de cobro que tienen las entidades locales sobre el patrimonio municipal, incluyendo arrendamientos y concesiones públicas. En este punto, muchas incidencias llegan por la falta de pago de los cánones estipulados, por las dudas jurídicas a la hora de cuantificar las cantidades que han de abonar las concesionarias o por no dar cumplimiento a los trámites administrativos requeridos.
Gastos con reparos técnicos
Entre 2017 y 2018, los órganos de control de 63 ayuntamientos valencianos emitieron 193 expedientes de anomalías en los ingresos por un importe de 18 millones de euros: las tasas, los ingresos patrimoniales, los impuestos locales y los precios públicos fueron, por ese orden, los tipos de recursos que suscitaron un mayor número de informes de Intervención cuestionando la gestión recaudatoria ligada a determinadas actuaciones municipales. El consistorio de Mislata, con 23 irregularidades; el de San Antonio de Benagéber, con 6, y el de Ontinyent, con 5, fueron las entidades con más anomalías comunicadas en ese periodo según un informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que todavía no ha identificado a las corporaciones que lideraron esa clasificación en 2019.
El Tribunal de Cuentas también aborda los acuerdos adoptados por los gobiernos municipales contrarios a los reparos delos interventores locales. En este ámbito, la comunidad en cabeza es la andaluza, con un total de 14.918 informes advirtiendo de irregularidades en el gasto, seguida por Galicia (con 10.019 informes) y la Comunitat Valenciana, con 7.510 acuerdos contrarios a la opinión de los técnicos encargados del control interno de los ayuntamientos.
Pero no todo es negativo en la última publicación del Tribunal de Cuentas. Los consistorios de la Comunitat Valenciana también son líderes en rendición de cuentas y exhiben los niveles más elevados, puesto que un 97 % de las entidades locales del territorio presentaron la información requerida en la plataforma habilitada para fiscalizar la actividad de las entidades. Por detrás se sitúan las comunidades de Aragón (con un nivel de rendición del 95 %), Galicia (94 %), Cataluña y Madrid (ambas con un 89%). En todas estas autonómicas existen normas que condicionan la concesión de subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de airear las cuentas.
