La propuesta del jefe del Consell, Ximo Puig, de explorar un impuesto a las rentas altas en la Comunidad de Madrid tiene recorrido. El Gobierno de España comparte en lo fundamental y se aliena con la tesis del president de la Generalitat, que el pasado 21 de julio planteó en un desayuno informativo en Madrid que, de alguno forma, la capital tiene que devolver al resto de autonomías los beneficios que obtiene por ese efecto capitalidad que le permite succionar recursos del resto del Estado al atraer empresas y capital que al final generan riqueza.
El aval a explorar esa vía lo dio ayer en València el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se mostró totalmente receptivo a transitar por ese camino después de un encuentro con el propio Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers de Hacienda y Economía, Vicent Soler y Rafa Climent, y en la que se abordaron numerosas cuestiones.
Escrivá no es un miembro del gabinete de Pedro Sánchez sin galones en esta cuestión. Al contrario, el responsable de la Seguridad Social ha estudiado a conciencia el sistema de fiscalidad y el reparto de los recursos en España durante los años en que ha dirigido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que es un aval potente a las tesis del jefe del Consell.
Según el ministro es necesario que tengan un beneficio todos aquellos ciudadanos que no viven en grandes espacios urbanos como la capital de España, por lo que considera que se trata de una idea con mucho recorrido y que se tiene que explorar.
Escrivá sostiene que existe un movimiento entre los países del entorno, incluso más allá de la Unión Europea, para evitar la competencia fiscal entre ellos de forma que pueden contar con unas bases fiscales más sólidas.
Competencia interna
Por ello, si la UE transita esa vía resulta un sinsentido que España recorra el camino contrario de forma que unas autonomías se hagan competencia a otras para atraer riquezas y recursos como ocurre con Madrid con el denominado dumping fiscal.
Por eso, el representante gubernamental se muestra dispuesto a que el Gobierno central aborde una corresponsabilidad fiscal de forma decidida en todo el territorio. Es la tesis de Puig, la de que no existen regalos fiscales y que por mucho que Madrid baje impuestos siempre hay alguien que tendrá que pagar por ello.
De ahí la necesidad de una armonización fiscal que marque unos mínimos en todas las autonomías para garantizar una base común, una corresponsabilidad en definitiva que sitúa al Consell y al Ejecutivo en la misma onda.
Empadronamientos en Madrid
No son los únicos porque organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también se han referido a Madrid como un paraíso fiscal «interno» que atrae a los contribuyentes ricos de otras autonomías.
De hecho el Gobierno valenciano ha detectado decenas de empadronamientos en la capital para ahorrarse impuestos, lo que detrae recursos de las ya precarias arcas autonómicas. Fuentes del Consell sostienen que esa idea no la comparten únicamente el gobierno valenciano o de España, ambos presididos por dirigentes socialistas, sino que empieza a calar en otras autonomías, incluso gobernadas por el PP, pero que también se ven afectadas por el efecto ‘aspiradora’ que ha generado la Comunidad de Madrid, que ha vaciado las dos Castillas casi al completo lo que la ha dejado sola frente a las autonomías periféricas. Ese es el gran debate, señalan, y como se ve el Consell no está solo.
Puig aseguró durante su conferencia en Madrid en julio que el impuesto a las rentas altas en la Comunidad de Madrid podría ser una opción y que el planteamiento, sin improvisar ninguna figura fiscal en ese momento, sí podría ser el de establecer un impuesto específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid.
Reforma fiscal para España
Ello en el marco de una gran reforma fiscal en España en la línea de lo que señala la Constitución, que debe existir una fiscalidad progresiva y que tienen que pagar más quienes tienen un mayor rendimiento económico.
La propuesta recibió críticas del gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y de consejeros de su gobierno que llegaron a asegurar que no iban a recibir lecciones de gobernantes ineficientes.
Ayuso respondió que no iba a permitir que se siga «vendiendo» que Madrid es una economía de ricos que atrae el esfuerzo del resto. «Otras comunidades autónomas pueden aplicar también políticas liberales para crear empleo», respondió.
En este sentido, ayer mismo, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, respondió al ministro Escrivá sobre su apoyo a un impuesto a las rentas altas de la región para compensar al resto de autonomías al asegurar que se trataría de un caso de «madrileñofobia fiscal».
«El Gobierno de Pedro Sánchez nos quiere poner un impuesto a los madrileños por ser madrileños, es una persecución fiscal», sostiene el consejero, en declaraciones distribuidas a los medios y en respuesta a las que había realizado horas antes en València el ministro Escrivá.
La Generalitat gestionará a través de una ventanilla única el ingreso mínimo vital, de forma que se pueda unificar con la prestación de la renta valenciana de inclusión. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puso nombre al modelo «ventanilla única» tras un encuentro ayer con el jefe del Consell, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafael Climent.
El ministro asegura que es necesario un modelo que facilite la oferta de prestaciones al ciudadano y en el que el Consell pueda gestionar esa ventanilla única. La idea del ministro es explorar distintas vías para abordar también los recursos adicionales que serían necesarios para que la Generalitat pueda gestionar el ingreso mínimo vital.
Crítico con el ejecutivo de Ayuso
Tras el encuentro, Escrivá fue muy crítico con comunidades como Madrid a la que acusó de buscar ahorrarse dinero destinado a las familias más necesitadas. Según Escrivá no todas las autonomías están dispuestas del mismo modo a gestionar el ingreso mínimo. Según dijo, Madrid se ha ahorrado ya 75 millones como resultado de la nueva prestación que ofrece el Gobierno y puede llegar a los 150 millones.
En la actualidad, unos cien mil valencianos reciben el ingreso mínimo vital, además de otros 70.000 la renta de inclusión valenciana. Ahora, ambos gobiernos preparan un convenio que se firmará después del verano para la apertura de una ventanilla única que facilite a los receptores la gestión el acceso a ambas prestaciones.
Escrivá dijo que es necesario encajar ambas prestaciones para atender mejor a las familias vulnerables para que acudan a una única entrada con la Administración.
El ministro aseguró que se ha avanzado mucho en la reunión de ayer y destacó que la Comunitat Valenciana fue pionera en engarzar el ingreso mínimo con la renta de inclusión y añadió que se ha adelantado mucho más que, por ejemplo, con Cataluña, donde no ha habido avances.
Acuerdo para gestionar con una ventanilla única el ingreso mínimo vital y la renta de inclusión
El Ejecutivo busca vías para compensar al Consell y el convenio se firmará tras el verano
Carlos Alós. València
