LLa estela del 11 de julio provoca diferentes miradas en Cuba. Para el Partido Comunista de Cuba (PCC), los cimbronazos parecen ser un asunto concluido. Las autoridades rechazan la hipótesis de una explosión conjunta de enojos acumulados, especialmente de los sectores más pobres, que es compartida por una nueva generación de disidentes, de cuño progresista.
«La campaña de descrédito, financiada con fondos federales de Estados Unidos y del Gobierno de Florida, utilizó una plataforma tóxica para, con mentiras y tergiversaciones, incitar desórdenes y violencia que justificaran una intervención. No hubo estallido social y el pueblo cubano, de forma contundente, rechazó y derrotó la intentona con la unidad y el consenso ampliamente mayoritario de los ciudadanos», dijo el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez. Su explicación formó parte de una carta de agradecimiento a México por la decisión su presidente, Andrés Manuel López Obrador, de enviar a la isla alimentos y medicinas para mitigar los efectos de las sanciones estadounidenses.
Para Aracelys Bedevia, columnista del diario oficial Juventud Rebelde, el 11J es un espasmo del pasado. «Hay paz en las calles y plazas. Tras los disturbios, hemos recuperado la tranquilidad ciudadana que tanto molesta a quienes pretenden dividirnos y destruirnos como nación», señala. Pero reconoce que la situación «es compleja y retadora» debido a «carencias y problemas acumulados». El malestar tenía una legitimidad acotada. Hubo, entre quienes salieron a las calles, una «confusión» que los llevó a unirse «a ciudadanos que responden a un plan extranjero».
Las protestas permitieron inéditas convergencias en el espacio público: jóvenes, especialmente afrocubanos y pauperizados, junto con intelectuales y artistas que no responden al PCC, y que en los últimos años han recurrido a las redes sociales para discutir políticamente con palabras y argumentos que no son los de los tradicionales opositores al castrismo.
El dramaturgo Yunior García utiliza Facebook como su plataforma: «Según la Constitución de la República, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Hermoso... pero ficticio». Según García, no habrá soberanía mientras el pueblo «esté obligado a comprar productos básicos en moneda extrajera», existan «la pena de muerte y los juicios políticos sumarios», se imponga «el pensamiento único», no se garanticen «la libertad de conciencia, de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica y el derecho a la huelga», se «practique la exclusión» y «los cubanos emigrados o exiliados no sean reconocidos como parte indisoluble de este pueblo».
Ailynn Torres Santana, columnista de Oncuba News, recuerda que si bien el Gobierno repite que existen canales para expresar «insatisfacciones», esos mecanismos «no funcionan o ya no son legítimos». Las instituciones, subraya, «se deben a la gente, y no al revés». Si tras las protestas «se insiste en que la única oferta para canalizar ese hartazgo» son los conductos existentes, eso, en la práctica «significa que están clausuradas o son inaceptablemente angostas las posibilidades de tramitar los conflictos y las necesidades».
El jurista Julio Antonio Fernández Estrada estima que en Cuba «no se duerme igual desde el 11 de julio». La gente se mira con cara de silencio y «guarda el grito en las entrañas, pero todo el mundo sabe que algo cambió». La calma de la calle ha terminado. «No iba a durar para siempre la disciplina de la cola, del enfado y la resignación», subraya. Fernández Estrada cree que ya nada será igual: «Hemos perdido el sueño de inocencia. El idilio entre el pueblo y su Estado protector acabó».
