El confinamiento impuesto por las autoridades para frenar el avance de la pandemia tuvo consecuencias nefastas para los menores y las mujeres maltratadas que vivían con su agresor.

Es una realidad ya denunciada que, ahora, también constata un nuevo estudio liderado por Carmen Vives-Cases, catedrática de la Universidad de Alicante, y en el que participan diferentes instituciones.

Según la investigación, durante el primer estado de alarma «la convivencia obligatoria incrementó el control de los maltratadores, dificultando la búsqueda de ayuda» y la atención a las víctimas.

Además, el texto calcula que «se dejó de denunciar uno de cuatro episodios de violencia de género» y que aumentó la probabilidad de que las agresiones —tanto físicas como psicológicas— fueran más graves.

Asimismo, el estudio denuncia que «los cambios en los servicios sanitarios para abordar la atención a la epidemia implicaron relegar a un segundo plano los problemas de salud no relacionados con la covid-19».

Por esto, entre las recomendaciones se insiste en mantener la atención a las víctimas también en situación de crisis. «Es prioritario desarrollar estrategias interdisciplinarias», apuntan.