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Las empresas del cártel del fuego optan a otro contrato de 32 millones

El tribunal rechaza suspender el procedimiento apelando al interés público del servicio

Un avión de Emergencias participa en las tareas de extinción del incendio de Llutxent, en 2018. | REUTERS

El servicio de aviones antiincendios continúa siendo un terreno abonado a la controversia en la Comunitat Valenciana. El último pliego que ha sacado a concurso la Agencia de Emergencias ha sido objeto de un recurso especial de impugnación presentado por una de las cuatro pretendientes del contrato, valorado en 32 millones de euros si se cuentan las posibles prórrogas que podrían alargar su ejecución hasta 2026.

La mercantil Plysa, filial de Air Nostrum, sostiene que los criterios evaluables de las ofertas sitúan en una posición de partida mucho más favorable a la UTE de empresas que controla el servicio de extinción desde 2017, conformada por Martínez Ridao Aviación, SL y Pegasus Aviación, SL. Ambas compañías, las únicas que optan a los cuatro lotes del contrato en liza, están siendo investigadas por la justicia como parte del denominado «cártel del fuego» por supuestas prácticas anticompetitivas a escala internacional y por influir en los precios

La medida cautelar solicitada por Plysa para que el procedimiento quedara temporalmente suspendido debido a aspectos que la firma considera discriminatorios y excluyentes, sin embargo, fue rechazada el 5 de agosto por el Tribunal Administrativo Central. La resolución de este órgano apela al hecho de que los perjuicios para el interés público derivados de la paralización del concurso serían muy superiores a los que sufriría la recurrente.

Un único modelo de aeronave

Aunque el precio ofertado por las aspirantes determina el 65 % de la puntuación que pueden obtener, la reclamación de Plysa se centra en dos criterios de adjudicación complementarios que representan el 25 % de la baremación. Uno de ellos premia con hasta 10 puntos a la licitadora cuyas aeronaves dispongan de un depósito igual o superior a 3.000 litros de agua. El recurso se apoya en el informe pericial de un ingeniero aeronáutico según el cual solo existe un único modelo de avión en el mercado que cumpliría este requisito. Se trata del Air Tractor AT-802, que cuenta con un tanque de 3.100 litros.

La distribuidora en exclusiva en Europa de este tipo de aeronave es una sociedad del grupo Avialsa perteneciente al empresario Vicente Huerta, presunto cabecilla del «cártel del fuego» investigado en la Audiencia Nacional, que surte de aviones a la UTE Martínez Ridao-Pegasus.

Estas dos empresas sucedieron a Avialsa como prestadoras del contrato antiincendios cuando en 2017 se destapó el caso de presuntos amaños a cambio de regalos que se saldó con la detención del exconseller Serafín Castellano y de Huerta, para quien la Fiscalía ha pedido 17 años de prisión por seis delitos contra Hacienda en otra causa.

Según el informe pericial, tener un depósito de 3.000 litros apenas tendría una aplicación práctica porque en casi ninguno de los aeródromos valencianos se podría despegar con dicha cantidad. Otra razón es que favorece a la empresa que acredite una media de horas de vuelo de sus pilotos más alta únicamente teniendo en cuenta los últimos 5 años, prácticamente el tiempo que el servicio lleva en manos de la actual adjudicataria. Esta circunstancia fue cuestionada en un informe jurídico y contrasta con la última licitación del Ministerio de Agricultura, el mayor contratante de servicios aéreos, que no estableció ningún criterio relativo a la experiencia de la tripulación

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