El pasado 19 de julio, las PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) de 14 ciudades españolas se manifestaron para exigir una prórroga en la moratoria antidesahucios que finalizaba el 9 de agosto. Le pedían al Gobierno de Pedro Sánchez que la ampliara hasta la entrada en vigor de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en aras de evitar la avalancha de desahucios que llegará cuando caiga el escudo de protección social previsto en pandemia para evitar que los más vulnerables pierdan su vivienda. Veinte días después, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la prórroga, pero hasta el 31 de octubre. Apenas dos meses y medio más de plazo. Pan para hoy y hambre para mañana.
El decreto antidesahucios no significa que estén prohibidos o no se produzcan desalojos. Nada más lejos de la realidad. El decreto antidesahucios protege sobre el papel a tres colectivos: mujeres víctimas de maltrato y familias con hijos o a cargo de personas con discapacidad. Y con el requisito de la vulnerabilidad, es decir, de ser personas empobrecidas.
Pero no sirve que la persona afectada lo diga. Debe demostrarlo con un certificado de vulnerabilidad emitido por servicios sociales. Quedan fuera de protección el resto de persona empobrecidas. Sin embargo, tener los requisitos que marca el decreto tampoco es garantía de protección.
Por ello, los colectivos sociales «pelean» en los juzgados los desahucios que ampara el decreto (por ejemplo, con menores en la vivienda y cuya propiedad es un fondo buitre o una entidad bancaria) y cuentan, sin embargo, con orden de lanzamiento. De hecho, solo durante el primer trimestre de 2021, perdieron el techo 1.553 familias valencianas, 17 cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En el resto de España se produjeron 10.961 desahucios en el primer trimestre del 2021.
Desde la PAH aseguran que prorrogar el decreto hasta el 31 de octubre implica un «límite temporal tan raquítico que no es más que un parche que hace que estemos, de nuevo, con el corazón en la mano» ya que «supone alargar la angustia y se convierte en el anuncio del próximo desahucio». Por eso, de nuevo le exigen al Gobierno una moratoria indefinida para todo tipo de desahucios sin alternativa de vivienda digna y adecuada «para que la gente encuentre un marco normativo con cierta tranquilidad».
«No podemos permitir que nos dejen en la calle en plena pandemia mundial, en un momento de crisis económica y sanitaria. Cuando bancos, fondos de inversión y eléctricas no paran de tener beneficios, no podemos aceptar por un segundo que las familias vulnerables y sin alternativa habitacional se les amenace cada cierto tiempo que el límite temporal va a finalizar y puedan ser expulsadas de sus casas sin ninguna protección», añaden desde la PAH.
Es más, la PAH y más de un centenar de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda registrarán este septiembre un texto de ley que garantiza el derecho a la vivienda «de manera que dejemos atrás el tsunami de desahucios, que calculamos puede afectar a más de 79.000 familias en España, hoy en riesgo de perder su casa». Esa propuesta de ley plantea, entre otras muchas soluciones, «obligar a bancos, fondos buitre y socimis a firmar alquileres sociales con las familias vulnerables sin alternativa habitacional».
Distintas interpretaciones
La PAH aplaude el decreto antidesahucios, pero reconoce que es insuficiente ya que «aunque ha paralizado muchos desahucios hay otros que el decreto no recoge. Al final todo queda a la interpretación del juez que corresponda en cada caso porque la normativa permite diferentes interpretaciones. Una redacción más clara y contundente daría pie a unas prácticas más coordinadas».
El 90 % de las ejecuciones hipotecarias de Valencia está en manos de fondos buitre. Los bancos están renunciando a perseguir a los deudores y venden las hipotecas problemáticas cuando acumulan doce impagos, como ha publicado este diario. El 90 % de las demandas hipotecarias por impago que llega a juicio está en manos de esos mismos fondos buitres.
Desde la PAH persiguen una ley que de solución a este problema que deja a personas y familias vulnerables sin techo. Respecto a los pequeños propietarios (que suponen un mínimo del cómputo global de desahucios por impago de alquiler) la PAH pide que sea el Estado quien responda «porque son la excepción».
