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El personal pide aplicar la Ley de Salud para frenar la venta del hospital de Dénia

La intención de Ribera Salud de asumir el 100 % de las acciones choca con la norma autonómica, que abre la puerta a otro frente judicial

Imagen del hospital de Dénia, que abrió sus puertas en 2009 como gestión privada. | MANUEL LORENZO Victoria Salinas. València

La Ley autonómica de Salud, el instrumento que blande la Generalitat para aplicar la hoja de ruta de las reversiones sanitarias, puede convertirse en una piedra en el camino de Ribera Salud en su objetivo de hacerse con el control total de la concesión del hospital de Dénia. Mientras que la Conselleria de Sanidad seguía ayer sin mover ficha y guardaba silencio a la espera todavía de recibir una comunicación oficial de la operación, el personal de la Marina elevó la presión para que la Generalitat interfiera con tal de frenar la venta del 65 % de las acciones en manos de DKV.

La transacción, que aún debe recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), choca frontalmente con la cláusula que se introdujo en 2018 en la Ley de Salud a través de una enmienda promovida por Compromís. «Para garantizar la libre competencia y evitar posiciones de dominio, ninguna persona física o jurídica podrá ostentar más del 40 % de las acciones» en más de un departamento sanitario, reza una norma que Ribera Salud podría infringir si consigue hacerse con el 100 % de la concesionaria de Dénia, al controlar ya por completo las empresas que gestionan los hospitales de Torrevieja y Elx. Aunque por ahora Sanidad rechaza valorar la posibilidad de emprender acciones judiciales, dicho incumplimiento daría alas al ejecutivo autonómico para abrir un nuevo frente en los tribunales en caso de que la CNMC autorice el acuerdo.

Pero hay más argumentos. En 2016, un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat determinó que cualquier alteración del accionariado en una concesión sanitaria que supusiera un cambio en el control efectivo de la misma, como es el caso, debería contar con el permiso previo de la Conselleria de Sanidad, lo que no ha ocurrido. Con estos elementos encima de la mesa, el comité de empresa de Marina Salud tachó ayer de «ilegal» la transacción y pidió por escrito una reunión urgente con la consellera apelando a la promesa de revertir la concesión, con contrato en vigor hasta 2024.

Pérdidas económicas

El anuncio de la compraventa se produce a las puertas del inicio de las negociaciones del nuevo convenio laboral del departamento sanitario, entre críticas por las condiciones de los trabajadores y la calidad del sevicio. El hecho de que la concesionaria siempre haya alegado pérdidas económicas para retrasar determinadas mejoras arroja dudas entre los trabajadores sobre la viabilidad económica de una operación estratégica que llega cuando Ribera Salud está a punto de perder la gestión del hospital de Torrevieja en virtud de los trámites de la reversión iniciados por el Consell.

Con su último movimiento, la empresa se quiere asegurar el control de Dénia hasta que expire el contrato, con la vista puesta en un hipotético vuelco político en las elecciones autonómicas de 2023 como última esperanza para seguir al frente del área de La Marina, mientras mantiene varios pulsos judiciales. Ayer, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, dejó claro que su partido sigue apoyando decididamente el modelo Alzira y pidió al ejecutivo autonómico «olvidarse de los prejuicios» y «pensar en lo mejor para los ciudadanos independiente de quién ofrezca el servicio».

Por otra parte, tanto Unides Podem como Compromís aprietan para acelerar la reversión y que se cumpla la ley. La coordinadora morada, Pilar Lima, aventuró el miércoles que Ribera Salud sumará con Dénia «su tercer fracaso» tras Alzira y Torrevieja, mientras que diversos alcaldes de la coalición valencianista impulsaron en julio una plataforma que amaga con denunciar en los tribunales los incumplimientos del contrato sanitario por parte de la concesionaria. A finales de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana desestimó la reclamación de 134.000 euros por parte de Marina Salud al Consell por el pago de intereses de demora derivados del retraso en el pago de las facturas del contrato de gestión.

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