El último examen practicado por la Sindicatura de Comptes sobre la transparencia en materia contractual del sector público local en los ejercicios de 2018 y 2019 ha vuelto a concluir con reproches a los ayuntamientos por los incumplimientos relativos al obligado suministro de información sobre los contratos formalizados anualmente tanto a la sindicatura como al Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador valenciano subraya en su informe que su trabajo se ha visto limitado por estas deficiencias, que han impedido "tener un conocimiento fiel de la realidad de la contratación del sector público local de la Comunitat Valenciana en los dos ejercicios fiscalizados".
A lo largo de 2018, los consistorios del territorio adjudicaron 465 expedientes que superaban los umbrales máximos fijados por la ley para los contratos mayores por un importe global de 609 millones de euros. En 2019, un año después, se formalizaron 386 expedientes que excedían los límites establecidos por 540,6 millones de euros. Sin embargo, las entidades locales solo remitieron información de 164 de dichos expedientes (el 35,3 % del total) en 2018 y de 301 expedientes (el 62,7 %) en 2019, lo que denota según la Sindicatura "un bajo grado de cumplimiento" de la normativa, puesto los ayuntamientos evitaron trasladar a los organismos de control un 64,7% de los expedientes adjudicados por encima del umbral máximo en 2018 y un 44,6% en 2019.
Según el informe publicado hoy, la incidencia más frecuente que han presentado los expedientes verificados en la muestra de los dos ejercicios ha sido la de no aportar el enlace con el perfil de contratante en que se encuentre la información relativa a cada uno de los expedientes de contratación remitidos. El artículo 335 de lo LCSP establece la obligación de las entidades de remitir anualmente, y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, las relaciones certificadas comprensivas de los contratos formalizados en el ejercicio o una certificación negativa, en caso de no haberse subscrito ningún contrato por importe superior a los importes fijados como contratos menores. En el ejercicio de 2018 no remitieron esta información el 25,9% de las entidades, mientras que en el ejercicio de 2019 este porcentaje se incrementó ligeramente y llegó al 39,5% de las entidades.
En ese sentido, la Sindicatura ha adoptado la iniciativa de utilizar los requerimientos conminatorios previstos en el artículo 11 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas, a fin de mejorar los niveles de cumplimiento en relación con las obligaciones relativas al ejercicio de 2020, y esto se ha traducido en un cumplimiento próximo al 100% en cuanto a la remisión de las relaciones anuales de contratos el año pasado.
El artículo 335.2 establece la obligación de comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos que superan los importes marcados en el artículo 335.1. En lo referente a esto, el mayor tipo de comunicación realizada ha sido la prórroga (el 52,5% de las comunicaciones de los contratos en 2018 y el 60,7% en el ejercicio de 2019), seguida por las modificaciones de los contratos, que en los dos ejercicios ha estado alrededor del 18%.
En cuanto a la actividad contractual, procedimientos y sistemas de contratación, en el ejercicio de 2018, de los 5.415 contratos formalizados, 2.430 fueron contratos de servicios (por importe de 432,5 millones de euros), 1.433 fueron contratos de obras (246,8 millones) y 1.100 contratos lo fueron de suministros. Por otro lado, en el ejercicio de 2019 se formalizaron 5.525 contratos, que correspondían principalmente a 2.493 contratos de servicios (270,7 millones), 1.527 contratos de obras (328,3 millones) y 1.166 contratos de suministros.
En cuanto a la forma de tramitación, en los dos ejercicios se ha utilizado la encomendera en el 95% de los expedientes y también en los dos ejercicios el procedimiento de adjudicación más utilizado ha sido la de tipo abierto (66,4% de los contratos en 2018 y 84,1% en 2019). En el ejercicio 2018 se formalizaron 1.191 contratos (54.950.119 euros) tramitados en el ejercicio de 2017 por medio del procedimiento negociado sin publicidad.
En el ejercicio de 2018 se adjudicaron 74.043 contratos menores por un importe de 164,4 millones de euros, mientras que en el ejercicio de 2019 se formalizaron 90.937 contratos por un importe total de 203,7 millones de euros.
Finalmente, el Informe señala que los órganos de contratación tienen que rellenar de manera adecuada y completa los formularios que la Plataforma pone a su disposición para la gestión y el envío de la información contractual, como también que las diferentes entidades tienen que adoptar las medidas adecuadas que permiten cumplir la obligación de la remisión de la información indicada en el artículo 335 de la Ley de Contratos.
