El último examen practicado por la Sindicatura de Comptes sobre la transparencia en materia contractual del sector público local en los ejercicios de 2018 y 2019 ha vuelto a concluir con reproches a los ayuntamientos por los incumplimientos relativos a la obligación de suministrar información de sus contratos al propio órgano fiscalizador valenciano y al Tribunal de Cuentas.
A lo largo de 2018, los consistorios de la Comunitat Valenciana adjudicaron 465 expedientes que superaban los umbrales máximos fijados por ley para que un contrato sea considerado mayor por un importe global de 609 millones de euros. En 2019, un año después, se formalizaron 386 contratos de este tipo por 540,6 millones de euros. Sin embargo, las entidades locales solo remitieron información de 164 de dichos expedientes (el 35,3 % del total) en 2018 y de 301 expedientes (el 62,7 %) en 2019, lo que denota a juicio de la Sindicatura «un bajo grado de cumplimiento» de la normativa, puesto que los ayuntamientos evitaron trasladar a los organismos de control un 64,7 % de los expedientes adjudicados en 2018 y un 44,6 % en 2019.
En su informe, la Sindicatura subraya que su trabajo se ha visto limitado por estas deficiencias, que le han impedido «tener un conocimiento fiel de la realidad de la contratación del sector público local de la Comunitat Valenciana en los dos ejercicios fiscalizados».
El órgano fiscalizador aprecia discrepancias entre las relaciones anuales de los contratos suscritos y los correspondientes expedientes remitidos con toda la información de la tramitación. En ese sentido, el Ayuntamiento de València encabezó en 2018 la lista de corporaciones con un mayor número de contratos no enviados al Tribunal de Cuentas: un total de 39 expedientes valorados en casi 49 millones de euros escaparon a la fiscalización de la entidad. Le siguió la Diputación de València, que dejó sin remitir 24 contratos por un importe de 57,3 millones, y el Ayuntamiento de Alicante, con 20 contratos no enviados cifrados en 29,3 millones. En 2019 fue la Diputación de Valencia la entidad local que más omitió este trámite, al no remitir 14 contratos valorados en 34,1 millones de euros.
Esta corporación provincial también fue la más incumplidora en lo relativo al traslado de contratos menores que en realidad no deberían haberse tramitado como tales porque superan los límites marcados por la ley para este tipo de procedimientos no abiertos a la concurrencia pública, con 17 expedientes no informados por 8 millones de euros. En total, 550 contratos adjudicados como menores por los consistorios valencianos en 2019 en realidad no cumplían el importe máximo para adjudicarse a través de esta vía.
Requerimientos conminatorios
En el ejercicio de 2018, por otra parte, un 25,9% de las entidades locales ni siquiera remitieron al Tribunal de Cuentas la relación de los contratos formalizados durante el ejercicio, un porcentaje que se elevó al 39,5 % en 2019. Por eso, la Sindicatura ha adoptado la medida de utilizar los requerimientos conminatorios para mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones relativas al ejercicio de 2020, lo que se ha traducido en un cumplimiento próximo al 100 % en cuanto a la remisión de las relaciones anuales de contratos del año pasado.
