La Plataforma del PDI Asociado califica negativamente el anteproyecto de ley de universidades (LOSU), también conocida como ley Castells, aprobado en el consejo de ministros de ayer porque, entre otras cosas, no varía la definición anacrónica del PDI Asociado, ya que, de nuevo, lo considera «profesorado apéndice», al margen del resto de la universidad, a pesar de haber sido «el sostén de la universidad pública en los últimos 20 años».

Entre los problemas que ve la plataforma, presidida por la valenciana Isabel de la Cruz, es que la LOSU no cita la carga horaria real del PDI Asociado, lo que creen que permitirá mantener a las CC AA salarios precarios. Tampoco habla ni de quinquenios docentes ni de sexenios de investigación, aunque ya han sido reconocidos ya en sentencias judiciales, detallan.

Por eso piden «mecanismos de estabilización del PDI Asociado» y que haya una «vinculación» total a la universidad de este colectivo, que en 2018-19 rozaba las 4.000 personas en las universidades públicas valencianas, donde son uno de tres entre los PDI. Cabe recordar que esta es una figura de la que los últimos años las universidades han abusado, al no poder cubrir de otra manera las bajas y jubilaciones, pues aún se mantiene el límite estatal a la tasa de reposición.

Te puede interesar:

Lo que sí incluirá la futura ley es la obligación de no superar un 20 % de trabajadores temporales, dato que doblan todas las universidades públicas valencianas menos la Politècnica.

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia que la LOSU alarga el mandato de los rectores a seis años; y «supondrá una merma de derechos estudiantiles», ya que el voto del alumnado se devalúa y «pasará a estar limitado en función de la participación».