La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado el curso político con una nueva polémica con motivo de una política de impuestos que desde hace años el Consell del Botànic califica de dumpig fiscal .
A la vuelta del verano y apenas un mes después del choque entre Ayuso y el jefe del Consell, Ximo Puig, a cuenta de las rebajas fiscales en esta autonomía, la dirigente madrileña ha anunciado su disposición a eliminar todos sus tributos propios, es decir, aquellos impuestos que crean las comunidades y que quedan fuera de la competencia estatal.
El debate está servido y no tanto por el impacto de la medida. En Madrid solo hay tres tributos propios por los que se recauda 3,4 millones, es decir, el 0,02 % de todo lo ingresado. Los impuestos propios están poco desarrollados en la mayoría de comunidades y los ingresos son poco relevantes en los presupuestos si bien son un instrumento estratégico para ahondar en la autonomía fiscal e influir en la actividad económica, como es el caso de los impuestos medio ambientales.
Nuevo desafío
Al margen del impacto de la medida, el anuncio de Ayuso supone un desafío al Gobierno de Sánchez que prepara una reforma fiscal y que en su día habló de cambios legales que impidan la competencia desleal entre comunidades a cuenta de la fiscalidad.
Pero, además, ahonda en el enfrentamiento abierto con el Botànic y que tuvo su punto culminante este mes de julio cuando el presidente Puig llevó la bandera de la armonización fiscal a Madrid y sugirió medidas para corregir las ventajas que tiene Madrid por el efecto capitalidad y que le permiten una suficiencia financiera de la que la Generalitat carece por estar infrafinanciada. Cabe apuntar que las nuevas ventajas tributarias en Madrid ahondan en una política de bonificaciones en impuestos como el de Patrimonio de mucho mayor impacto presupuestario.
Además, el debate de la reforma fiscal está estrechamente vinculado con el de la financiación autonómica, un melón que debería abrirse ya y en el que las posturas de la Comunidad de Madrid y el Consell son distintas. El anuncio de Ayuso animó ayer las redes sociales con la réplica de altos cargos del Botànic. El secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, habló de un a «medida populista y demagógica contraria a los más elementales principios del derecho tributario y justicia fiscal» y recordó la situación de infrafinanción de la Comunitat.
La supresión de tributos propios en Madrid contrasta, además, con la política del Botànic, partidario de nuevas figuras impositivas de ámbito autonómico. De hecho, está pendiente los creados por la ley de medidas del presupuesto de 2021 (el que grava la tenencia de viviendas vacías y otros nuevos medioambientales) están pendientes de aplicación.
En la actualidad, el Consell tiene dos tributos propios heredados de la etapa popular: el impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente y el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. El Consell recauda 25 millones por los tributos propios medioambientales, diez veces más que lo que representa los que Ayuso se propone eliminar.
