La vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha concedido un total de 5,5 millones de euros, repartidos entre 215 entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de programas y servicios de promoción de la autonomía de personas con diversidad funcional.

Estas ayudas se destinarán a programas de diferentes tipologías, como de convivencia, promoción de ocio y tiempo libre, cooperación social, intervención para la prevención e inserción social, respiro familiar o apoyo y atención sociosanitaria, según concretó la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, se subvencionan programas de empleo con apoyo, fomento de la vida independiente, terapia asistida con animales de compañía, colaboración y dinamización de entidades tuteladas, programas de actividades formativas y campañas de sensibilización. En total, se ha invertido en 424 programas, 136 en la provincia de Alicante, 39 en Castellón, 180 en la de Valencia y 69 programas de ámbito comunitario.

En cuanto a las 215 entidades subvencionadas, 69 trabajan en la provincia de Alicante, 22 entidades en Castellón y 85 desarrollan su labor en el ámbito de la provincia de Valencia, además de 39 entidades que actúan en más de una provincia.

La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert, ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque, ha remarcado, «contribuyen a que las personas con diversidad funcional o problemas de salud mental permanezcan en su entorno más próximo y consigan una mayor autonomía personal que permite que cada vez estén menos institucionalizadas».

Albert ha indicado que la tipología del programa más solicitado corresponde a aquellos destinados a la intervención para la prevención e inserción social, con 172 programas subvencionados. Pueden optar a las ayudas las entidades sin ánimo de lucro que gestionan o desarrollan este tipo de programas o servicios sociales especializados dirigidos a personas con diversidad funcional y a sus familias.

Para la valoración de las solicitudes se ha tenido en cuenta, entre otras cuestiones, el cumplimiento de cláusulas sociales. Así, se ha valorado la experiencia de la entidad y del equipo humano en materia específica de igualdad de género de personas con diversidad funcional.