El pulso entre el Botànic y el PP por la ley que blinda el fondo de cooperación municipal que el Consell pone a disposición de los ayuntamientos abrió ayer el nuevo curso en las Corts. Un debate con un fondo claro que es el poder de las diputaciones, que el PP quiere mantener y el Botànic, rebajar. Una de esas diputaciones, la de Alicante, que dirige el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, abandera el rechazo a una ley que ya está lista para su aprobación en la cámara.
El choque entre el Botànic y el PP por el fondo municipal va para largo porque la ley acabará en los tribunales cuando se apruebe. Los populares anunciaron ayer su intención de judicializar una norma que en el Botànic aseguran que acaba con cualquier partidismo en el reparto de fondos frente a épocas anteriores donde el dinero iba a manos de ayuntamientos del color de la Generalitat.
Los populares sostienen que la ley choca con la Constitución, el Estatut y la Ley de Bases de Régimen Local pero ayer en la comisión de Justicia, que debatió sobre esta cuestión, solo lograron el apoyo de Vox y del representante de los tránsfugas, donde se integran exdiputados de Cs y Vox.
En cambio, los populares no lograron convencer ni a su socio de gobierno en la Diputación de Alicante, Ciudadanos, que prefirió abstenerse dejando solos al PP y a la ultraderecha en la negativa a secundar la ley del Botànic.
Obligar a las diputaciones
Lo que plantean los populares viene a ser una defensa del poder de las diputaciones frente al Consell. De hecho, el diputado José Antonio Rovira, uno de los hombres fuertes de Mazón en el grupo parlamentario, secretario del grupo y síndic adjunto, sostiene que el Consell no puede obligar a las diputaciones a poner dinero en el fondo municipal porque al ser la población el criterio básico para el reparto se perjudica a los municipios más pequeños. Rovira asegura que el Consell pretende «incautar» el dinero de las diputaciones y avisa que no existe una ley de este tipo en toda España.
Así, en el pulso entre el Botànic y el PP, que viene a ser entre el Consell y la Diputación de Alicante, los populares están convencidos de que ganarán en la vía judicial porque ya hay sentencias del Tribunal Constitucional en ese sentido. De hecho en su momento, el encaje del Fondo de Cooperación Municipal ya dividió al Consell Jurídic Consultiu, que validó la norma pero con varios votos particulares discrepantes.
Poner fin al clientelismo
El diputado socialista Ernest Blanch, portavoz en la comisión de Justicia, contrapone que el fondo de cooperación es una historia de éxito frente al modelo del PP de clientelismo y arbitrariedad. Los socialistas remarcan que ya se han repartido entre las entidades locales más de 200 millones de euros sin ningún tipo de discriminación política y con criterios objetivos que han favorecido la autonomía municipal.
Según el relato socialista, el PP solo busca bloquear la ley para impedir la llegada de recursos a los ayuntamientos ya que la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, rechaza el fondo mientras sus alcaldes apoyan la llegada de recursos y lamentan que la diputación que dirige Mazón adeude 70 millones a los consistorios.
Perspectiva antidespoblación
El diputado de Compromís Silverio Tena también defiende la necesidad de una ley que acabe con las discriminaciones y recuerda que el fondo lleva funcionando desde 2016 y «ya es hora de que llegue a todos los ayuntamientos por igual», dijo ayer. Además, Compromís destaca que la ley incorporará una perspectiva para que el fondo trate de paliar el problema de la despoblación.
Tena también arremete contra Mazón al que acusa de arbitrariedades en los municipios de Alicante con las decisiones que se toman desde la diputación.
Mientras, Cs rompió ayer el bloque de la derecha al separarse de PP, Vox y los tránsfugas pese a que forma parte del gobierno de la Diputación de Alicante.
La diputada Mamen Peris cree que es necesario fijar criterios de reparto justos, aunque critica que el proyecto de ley no precisa cuáles serán esos criterios por lo que nada garantiza que se apliquen de manera equitativa. Ciudadanos se abstendrá en el pleno.
Mientras, Vox también cree, igual que el PP, que es anticonstitucional porque el Consell pretende inmiscuirse en las funciones y competencias de las diputaciones y demás entes locales.
