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Los juristas ven «surrealista» la anulación del plan del litoral por formalidades

Catedráticos de Derecho Administrativo defienden que el Pativel no precisaba de memoria económica porque no reclasifica terrenos

Cuatro primeros espadas del derecho administrativo se sumaron ayer a las críticas por la anulación del Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel) decidida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y pendiente de un recurso ante el Supremo.

La Cátedra de Cultura Territorial Valenciana reunió ayer a tres catedráticos y un profesor de derecho administrativo para que analizaran los detalles que han llevado al TSJCV a desproteger la primera línea del litoral. Una situación que los juristas expertos en derecho administrativo ven «surrealista» porque se ha basado en meras cuestiones formales sin entrar en el fondo del asunto.

Para Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid «la sentencia del Pativel es ejemplo de la aplicación simple de la doctrina del Supremo clásica» aunque basada, a su parecer, en premisas erróneas ya que «el Pativel no precisaría una memoria económica, porque esta se refiere a planes urbanísticos».

Además de que la sentencia del TSJCV «reprocha la reclasificación de suelo que no se produce [en el Pativel] porque únicamente existe una rezonificación dentro de la misma clase de suelo. El Pativel protege los suelos rústicos y respeta los de desarrollos urbanísticos, por lo que el tribunal debería haber concluido que no cabía el informe económico ya que no cabe ningún supuesto indemnizatorio».

Sobre el informe de impacto de género, familia e infancia incluido en el Pativel, que el TSJCV vio insuficiente y fue otro motivo de anulación, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez Reixach, considera que «tendría que ser el recurrente quien analizara punto por punto el Pativel para decir que no hay afección de género. Quien no esté de acuerdo que lo demuestre».

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, el valenciano Jose María Baño León, fue quien definió como «surrealista» la anulación del Pativel porque «todo la comunidad universitaria coincide en que es un disparate que cualquier defecto de forma conduzca a la nulidad de un plan porque se trata de una disposición general. Y nadie defiende las tesis de los tribunales».

Una situación que el reconocido abogado considera «inaudito que la jurisprudencia del Supremo vaya en contra de toda la doctrina española y de toda la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y europeos». «Un plan no es un reglamento -defendió Baño León-, pero el Supremo también ha anulado un reglamento porque faltaba un informe. El problema es que este criterio se ha convertido en una cláusula de estilo, un axioma inquebrantable, como los principios del Espíritu Nacional», ironizó.

La opinión de los juristas se suma así a la manifestada la semana pasada por destacados expertos en ordenación del territorio quienes alertaron de los efectos negativos de la anulación definitiva del Pativel, un instrumento de protección del territorio y de defensa ante los temporales anuales que cada vez irán a más debido a la crisis climática. El próximo viernes la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana reunirá a cuatro magistrados del Tribunal Supremo para analizar la viabilidad del recurso de la Generalitat para evitar que se anule el Pativel.

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