El peluquero de Eduardo Zaplana de 2001 a 2006 (y también de José María Aznar) Pedro Romero se mostró ayer «indignado» por su implicación en el caso Erial. Romero compareció ayer como investigado ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción para explicar su presunta relación con la trama por una compra de terrenos en el entorno de Terra Mítica en 2001.
Los investigadores del caso Erial sitúan a la empresa de Romero, Royal Mediterránea, como otra pieza más en el presunto entramado societario de blanqueo presuntamente orquestado por el exministro Eduardo Zaplana y su círculo más cercano de confianza.
Una de las mercantiles de Romero resultó adjudicataria de 394.000 m² de terrenos públicos en 2001 por la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), en las inmediaciones de Terra Mítica a cambio de un canon anual de 348.587 euros. Una operación a la que puso reparos la Sindicatura de Comptes porque la oferta de Royal Mediterránea fue tres veces inferior a la de la otra competidora.
A esta operación se une el hallazgo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de varios contratos fiducia confidenciales en los que se refleja que Costera del Glorio -propiedad de Joaquín Barceló, uno de los presuntos testaferros de Zaplana- es propietario de forma oficiosa del 10% de las mercantiles de Pedro Romero, Royal Mediterránea e Inmobiliaria Montgar.
Unos extremos que el empresario Pedro Romero volvió a negar ante la jueza y el fiscal anticorrupción, como ya hizo ante la Guardia Civil. E insistió con vehemencia en que los documentos que demostrarían la relación de sus empresas con Costera del Glorio son absolutamente falsos, según fuentes conocedoras de su declaración. Preguntado por la relación profesional con el exministro, Romero admitió que Zaplanaacudió a la boda de su hija para que «Aznar no estuviera sólo», en el convite.
Por otra parte, el exconseller de Industria Fernando Castelló y uno de los presuntos testaferros de Zaplana , Joaquín Barceló, también comparecieron ayer ante la jueza de Instrucción 8 de València y el Fiscal Anticorrupción, aunque se acogieron a su derecho a no declarar. Sobre Fernando Castelló pesa la sospecha del presunto cobro de 150.000 en comisiones ya que fue el conseller que pilotó la tramitación y adjudicación del plan eólico.
Joaquín Barceló debía responder como representante de las empresas investigadas en la trama por movilizar el dinero de presuntas comisiones en varios paraísos fiscales, pero también guardó silencio.
