La puesta en marcha del pasaporte covid para entrar en los locales de restauración en la Comunitat Valenciana vive sujeta a la primera ley de Newton. Esta dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento a no ser que se ejerzan fuerzas sobre él. Vamos, que si algo está avanzando, o se le frena o seguirá hacia adelante. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo dando su visto bueno a que se aplique la medida en Galicia no ha supuesto una fuerza sobre el debate en el Consell, ya que ni lo acelera ni lo hace decaer, pero le permite sortear el asunto legal.
El aval del Alto Tribunal hace que mostrar un QR para entrar en bares y restaurantes esté hoy más cerca de ser una realidad que a principios de semana aunque eso no significa que finalmente vaya a ocurrir. Simplemente el camino que llevaba el debate no se detiene. Este se había intensificado durante el mes de julio cuando entró en vigor este certificado digital para viajar por la Unión Europea sin necesidad de realizar cuarentenas y que en algunos países se ha extendido también a la hostelería o espacios culturales, como ocurre en Italia.
En pleno periodo estival, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió que la aplicación de este certificado digital (que muestra si se está vacunado, si se ha pasado la covid en los últimos seis meses o si se dispone de una prueba diagnóstica en las últimas 48 o 72 horas) se estudiaría, pero que ese debate se haría cuando los casi 4,5 millones de valencianos y valencianas mayores de 12 años tuvieran la oportunidad de vacunarse contra la covid. El motivo, insisten, es que no haya una vulneración de derechos de quienes queriendo recibir la inmunización no habían podido.
Desde Presidencia apuntan a que los planes «son los mismos» y que ese escenario de tener vacunada a toda la población que tiene voluntad de ello todavía no ha llegado por mucho que ya se hayan habilitado las inmunizaciones abiertas sin cita previa. No obstante, admiten que está «cada vez más cerca». En estos momentos son 3.848.580 personas las que disponen de una inmunización vía inyección completa lo que representa el 86 % de la población de la Comunitat Valenciana. Pero indican que aún falta mucha gente que estaba de vacaciones, rezagados fuera de plazo o personas que solamente tienen una dosis y han de esperar el periodo indicado entre el primer y el segundo pinchazo (actualmente hay unas 178.000 en esta situación).
La sentencia del Supremo tampoco ha variado el discurso que mantienen desde la Conselleria de Sanidad ni desde la Secretaría autonómica de Turismo. Los segundos fueron desde el primer momento, junto a los empresarios del sector, los mayores defensores de la implantación del pasaporte covid en la Comunitat Valenciana y siguen considerando la medida como «positiva».
Desde el departamento que dirige Ana Barceló, por su parte, defienden que una acción como la del certificado covid debería tomarse a nivel estatal con un acuerdo entre todas las comunidades autónomas. «Debe ser algo general», destacan, pese a que durante los meses de julio y agosto algunas autonomías como la mencionada Galicia, Cantabria o Andalucía intentasen implantar la medida en sus territorios, algo que fue frenado por sus tribunales autonómicos. Tras el rechazo de estos ha llegado la sentencia del Supremo sobre el caso gallego, donde la decisión judicial se recurrió.
Esta sentencia del TS, no obstante, tiene muchos condicionantes y no supone una barra libre para la implantación del certificado covid. De hecho, en el escrito del Supremo se indica en el caso de Andalucía (donde se rechazó el certificado covid) «no se había justificado la necesidad de la medida» y que esta se hacía con una duración «indefinida y permanente» afectando al «conjunto del territorio de forma general» mientras que en el caso de Galicia (del que el Supremo da el visto bueno) era solo para los municipios en situación de riesgo alto y la medida tenía «un carácter temporal».
Dudas entre los expertos
Esto significa que el Tribunal Supremo acepta la implantación del certificado covid, pero no de manera general y sin condicionantes epidemiológicas o un plazo temporal que lo pueda limitar. Así, el Alto Tribunal considera «idónea», «necesaria» y «proporcionada» la petición de este certificado en las zonas con elevado riesgo y siempre con una periodicidad.
Por su parte, el especialista de Fisabio en Salud Pública, Salvador Peiró, recuerda que pedir este certificado «puede generar una falsa sensación de seguridad» ya que estar vacunado no impide «ni contagiarse ni contagiar». «Si la idea es sustituir las limitaciones o la ventilación por el pasaporte covid me parece un error», expresa Peiró quien pide «ser sensatos» y levantar las restricciones a la espera de saber «cómo afectarán los futuros repuntes, que los habrá».
