El consejo rector de À Punt dio ayer luz verde al borrador de los presupuestos de las dos entidades que conforman la radiotelevisión pública valenciana (la CVMC y la SAMC) para 2022. El anteproyecto de las cuentas, que se aprobó por mayoría, es un retrato de los deseos que de cara al año próximo trasladan los gestores del conglomerado a la Generalitat, responsable en última instancia de autorizar los números.

Según ha podido saber este diario, la propuesta validada por el consejo rector -tras una reunión que se prolongó durante buena parte de la tarde de ayer- plantea un escenario de incremento considerable de los ingresos de explotación procedentes de la Generalitat con el objetivo de poder cubrir el agujero presupuestario provocado por la pérdida de los ingresos que hasta ahora se consignaban fruto de las deducciones del IVA practicadas por la Hacienda estatal.

À Punt se encuentra inmersa en un litigio con la Agencia Tributaria, que le reclama la devolución de casi 25 millones de euros por las liquidaciones de los últimos años, después de un cambio en el criterio que puede poner fin -los tribunales tendrán la última palabra- a la exención del impuesto del que hasta ahora disfrutaba la cadena público. De momento, el conflicto deja al ente sin una porción importante de su recursos anuales.

Es por eso que À Punt, para evitar tener que aplicar recortes que puedan afectar a su funcionamiento, demanda al Consell una inyección extraordinaria que rondaría los 10 millones de euros para compensar el vacío del IVA, según las fuentes consultadas.

Oficialmente, sin embargo, tanto desde la dirección de la SAMC como desde la presidencia de la CVMC mantuvieron ayer la cautela y no trasladaron ningún dato sobre la aprobación del borrador de las cuentas de 2022, a diferencia del año pasado, cuando el conglomerado sí informó sobre el incremento del 3,91 % (hasta los 58 millones) en los fondos reclamados a la Generalitat dentro del presupuesto de 2021, una acción que entonces se interpretó como un pulso de À Punt al ejecutivo autonómico. Finalmente la Generalitat consignó 56 millones.