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Bravo dará más poder a la inspección para controlar al personal funcionario

El Botànic aplaza a las Corts el debate sobre impuestos

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo. | J. M. LÓPEZ

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo. | J. M. LÓPEZ

La Inspección General de Servicios, el máximo órgano interno de control que vela por el cumplimiento de la legalidad en la Administración de la Generalitat, verá reforzadas sus competencias sobre el personal funcionario. Al menos ese es el objetivo del departamento de Justicia y Administraciones Públicas , que dirige Gabriela Bravo, al que quedó adscrito la Inspección tras el reparto de carteras del Botànic II.

La titular de Justicia ya hace tiempo que planea dotar de más competencias a la Inspección de Servicios para que esta pueda actuar en materia de personal, sobre todo, en cuestiones que en la actualidad están el aire como el control del absentismo, los conflictos de intereses, el régimen de compatibilidades o la conocida como evaluación del desempeño, es decir, el examen del trabajo para vincular el refuerzo retributivo a la consecución de objetivos.

El primer paso fue fichar para dirigir este cuerpo a un experto en la reforma administrativa. El segundo es una modificación de la ley de 2018 que regula la Inspección General de Servicios para incorporar nuevas competencias. La vía es la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y organización de la Generalitat, más conocida como ley de acompañamiento, cuyo anteproyecto salió ayer a exposición pública.

En concreto, se plantea añadir la competencia de «la inspección general en materia de personal, velando en especial por el cumplimiento de las obligaciones, los principios de actuación y los deberes profesionales del personal empleado público, incluidas las relacionadas con la integridad, los conflictos de intereses o el régimen de incompatibilidades».

«Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las subsecretarias», apunta. Esta última frase no es baladí. La nueva redacción de la ley, de aprobarse, permitiría a la inspección entrar en asuntos que antes estaban en manos del área de función pública o que era materia reservada de las subsecretarías de las distintas conselleries. De ahí, que voces veteranas vaticinan ya problemas de todo tipo y mucha colisión de intereses con otras conselleries.

Desde que Bravo llegó al Consell tiene pendiente una reforma administrativa que incluya los puntos calientes que afectan a la función pública, entre ellos, el control más estricto del trabajo funcionarial, ya sea presencial o mediante el teletrabajo o la vigilancia respecto al conflicto de intereses de la cúpula funcionarial.

Antifraude pide más controles

La propia Agencia Antifraude se ha pronunciado a favor de incrementar los controles tras apreciar en este sector funcionarial un agujero negro por donde se cuela la corrupción. La actual ley de conflicto de intereses, aprobada en el primer Botànic, solo incluye a los altos cargos. En todo caso, la oficina de vigilancia está en Transparencia.

Las veces que Bravo ha intentado abordar estos asuntos se ha topado con resistencias internas, pero también con las limitaciones de la propia inspección que, en la actualidad, carece de estas competencias. De hecho, algunas fuentes sostienen que estos cambios tienen difícil encaje legal. Otras voces apuntan que el nuevo cometido restará esfuerzos para la vigilancia de las malas prácticas, el sistema de alertas que lanzó Transparencia en tiempos de Manuel Alcaraz. Cabe apuntar que el cuerpo de inspectores, aunque ha crecido es limitado.

Este cambio es una de las novedades incorporadas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2021. Además de cambios en más de una decena de leyes, la norma recoge modificaciones en las deducciones fiscales de la Generalitat, así como en la regulación de varios impuestos, si bien no incorpora, al menos de momento, nuevos tributos. Como informó este diario, Compromís y Unides Podem mantienen la idea de introducir nuevos impuestos en los presupuestos de 2022, algo que debe vehicularse a través de la ley de medidas fiscales.

De ahí, que, será en el trámite parlamentario, cuando este debate tome cuerpo, como ocurrió el año pasado. Los socialistas no están por la labor de reforzar ahora la fiscalidad. En lo que sí están de acuerdo los socios es en aplazar el debate a cuando el documento llegue a las Corts.

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