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Las entidades locales pugnan por 1.500 millones de Bruselas

Un frente común presiona al Gobierno para que los recursos lleguen a todos

La Comisión Nacional de Diputaciones y Cabildos se reunió el pasado viernes en Almería. | LEVANTE-EMV

Los ayuntamientos y las diputaciones no quieren quedarse descolgados del maná de los fondos europeos de reconstrucción. Las entidades locales valencianas aspiran a captar un volumen de recursos que ronda los 1.500 millones de euros en virtud de las reivindicaciones pactadas en la última Comisión Nacional de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la primera que se celebra desde el inicio de la pandemia. El cálculo equivale a una cuarta parte del gasto presupuestado por los 542 consistorios de la Comunitat Valenciana en 2020, el último año del que se tienen registros completos.

El acuerdo alcanzado en Almería eleva la presión sobre el Gobierno para que cumpla el compromiso de repartir entre las corporaciones que conforman el primer peldaño de la administración el 15 % de las inyecciones de los fondos React-EU destinadas a las comunidades autónomas, una vez descontados los gastos de sanidad. En el conjunto de España, la partida que pugnan por recabar los entes locales asciende a 15.000 millones.

Otro de los puntos pactados en la comisión de gobiernos supramunicipales reunida en Almería es que la distribución de los fondos debería determinarse en función de la población, con la aplicación de una fórmula especifica para las diputaciones que todavía está pendiente de concreción, según las fuentes de la institución valenciana consultadas por este diario.

Las corporaciones provinciales quieren canalizar los fondos de Bruselas dirigidos a los municipios más pequeños, considerando en principio como tales a aquellos que no rebasan de 20.000 habitantes. El objetivo es que ningún pueblo se quede sin opciones de rascar algún dinero del reparto, aunque entre los alcaldes se extiende la sensación de que muchas localidades no van a notar la llegada de los fondos, dadas las limitaciones de recursos y personal para acceder a una convocatoria con tanta competencia como esta. Por eso, las diputaciones abren la puerta a un apoyo extraordinario que el Gobierno ve con buenos ojos, al situarlas como «referencia» para llevar las inversiones a las poblaciones menos habitadas.

En el marco de la comisión bilateral con las diputaciones, el Consell trabaja en un protocolo de cooperación para poner en común los objetivos y proyectos de los municipios, conseguir el mayor grado de eficacia posible y evitar que cada entidad vaya por libre. El ejecutivo autonómico se ha comprometido a potenciar la «cogobernanza absoluta» entre todas las administraciones, con tal de que los fondos no se pierdan por el camino de la burocracia y sirvan realmente a la función para la que fueron creados.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que ya se sumó hace meses al acuerdo por la colaboración en la gestión del 15 % de la ayuda brindada por Bruselas, participará en el frente común de ayuntamientos y diputaciones para reclamar a la Generalitat el cumplimiento de sus términos. El pacto también se ha trasladado a los ayuntamientos para que lo suscriban. La declaración firmada en Almería reivindica a los entes locales e intermedios como «aliados estratégicos» en la distribución de los fondos europeos,por su carácter más cercano a la ciudadanía.

Parte de la solución

Los responsables de las diputaciones de Valencia, Castelló y Alicante han salido a la palestra para poner en valor la eficacia y el buen hacer de los entes locales y exigir una distribución de recursos en función de la población empadronada en cada municipio, a la espera de que la UE autorice nuevos desembolsos sujetos a los objetivos alcanzados en inversiones y reformas. Las corporaciones provinciales defienden que son parte de la solución y no del problema: quieren que los estados miembros de la UE garanticen una dotación de recursos para la recuperación, la transformación y la resiliencia dirigida a los gobiernos locales, con tal de posibilitar el impulso de «una nueva generación de políticas y estrategias locales, integradas e innovadoras», siguiendo las premisas de la Agenda Urbana UE y de a Agenda 2030 de la ONU. Tras esta hoja de ruta se sitúa la apuesta por un desarrollo sostenible que refuerce las oportunidades de todos los territorios, sin discriminaciones por el número de habitantes.

La despoblación será precisamente uno de las principales cuestiones que se abordarán en la V Conferencia de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, que tendrá lugar en mayo en València con la corporación que preside Toni Gaspar como anfitriona.

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