La mujer mostró su indignación al ver un acto islamófobo de España 2000 e instó a la policía a pararlo. Sin embargo, se llevó dos sanciones: una por falta de respeto a la autoridad (200 euros) y otra por perturbación del orden público alterando la paz pública (601 euros). La Delegación del Gobierno ha anulado ahora las dos multas interpuestas a la mujer tras la actuación de diversas entidades sociales --como CEAR PV, MPDL, Rumiahui y València Acull-- que se dirigieron a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, para pedirle que las archivara e investigara la actuación policial.

El acto en cuestión estaba organizado por España 2000, se celebró el 18 de diciembre en la Plaza de los Pinazo y consistió en una parodia sobre la pérdida de identidad y la seguridad que suponía la "invasión" de inmigrantes musulmanes. Una performance bajo el lema "No al Islam" que generó la indignación de varias personas que llamaron a la policía. Sin embargo, los agentes emitieron un informe en el que afirmaban que no se apreciaba simbología de carácter xenófobo, violento o racista en el acto, según consta en la resolución. Ahora bien, en el vídeo que difundió España 2000 del acto en cuestión se podía escuchar una voz en off que llamaba a "luchar contra la invasión de los inmigrantes musulmanes que parecen soldados" ha recordado València Acull, organización que denunció estos hechos en Fiscalía, lo que supuso la correspondiente investigación. Luego el juzgado lo archivó, lo reabrió ante el recurso del ministerio público y recientemente lo ha vuelto a sobreseer. Fiscalía ha presentado un nuevo recurso.

Tras la sanción impuesta a la mujer, las entidades sociales exigieron la intervención de la Delegación del Gobierno y los servicios jurídicos de Alerta Solidária presentaron, en nombre de la mujer, alegaciones en dos ocasiones contra las sanciones. Argumentaban, por un lado, que el acto suponía una provocación a la convivencia que chocaba frontalmente contra los derechos fundamentales y, por otro, que la mujer sancionada ejerció su derecho a la libertad de expresión frente a un acto "injusto" y de "ataque explícito a una religión minoritaria y protegida en el Estado de derecho". Delegación de Gobierno ha atendido estos argumentos y ha decidido finalmente archivar las actuaciones: "Se aprecian razones objetivas que deben ser tenidas en cuenta para modificar las propuestas iniciales de sanciones", se expone en la resolución.

Recurso de Fiscalía

En el procedimiento abierto en el juzgado por el acto de España 2000, que se archivó recientemente, la Fiscalía ha presentado un recurso oponiéndose. En concreto, en el texto se expone que durante el acto de España 2000 se trató de incitar al odio, no se ha realizado ninguna investigación sobre lo sucedido y se ha tomado declaración como investigado a José Luis Roberto sin que la fiscal estuviera presente, ya que no fue citada, aseguran.

Además, la fiscal Susana Gisbert indica que la declaración de José Luis Roberto no desvirtúa las pruebas existentes sobre la motivación xenófoba por islamofobia del acto y considera que el sobreseimiento "prematuro" de las actuaciones sin investigar los hechos de la denuncia es "incompatible" con las exigencias establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Una mínima actividad probatoria implicaría la localización de posibles testigos para su declaración, a los que se refiere el atestado policial, recabar la hoja histórico penal del investigado y todas las diligencias que son propias de la fase de instrucción", apostilla la fiscal.