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El Consell aspira a un acuerdo «explícito» entre Puig y Bonilla sobre financiación

La cumbre busca una resolución concreta sobre el nuevo modelo más allá de los gestos

El encuentro que hoy mantendrán el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, podría cerrarse con un acuerdo explícito entre ambos gobiernos sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Al menos esa es la aspiración del Palau de la Generalitat que quiere que esta cumbre vaya más allá de los gestos y la declaración de buenas intenciones.

De hecho, en las horas previas a la reunión en el Palacio de San Telmo, ambos ejecutivos han trabajado en una resolución conjunta sobre las bases de la reforma.

Como quedó patente en la reunión preparatoria de la cumbre bilateral celebrada en julio entre el conseller de Hacienda, Vicent Soler , y su homólogo andaluz, el consejero popular, Juan Bravo, hay dos premisas en las que hay acuerdo: el aumento de la suficiencia del conjunto de las autonomías y un reparto más equitativo de recursos, es decir, poner fin al status quo actual que perjudica a ambas comunidades al condenarlas al furgón de cola de la financiación por habitante.

Y sobre la base de estos ejes estratégicos, los dos gobiernos apuestan por que en los criterios del reparto la población ajustada tenga un peso básico. El otro objetivo, que se busca plasmar en un documento, es arrancar al Gobierno un fondo que compense a las comunidades infrafinanciadas para que el retraso en la reforma (el modelo lleva caduco siete años) no perjudique aún más a las comunidades.

Lograr el consenso

La cita de hoy es clave porque abre una vía para superar las dinámicas partidistas y lograr el consenso necesario para reformar el modelo de financiación. Un acuerdo entre dos comunidades de tanto peso poblacional (junto con Baleares, también aliada en esta cuestión, suman 15 millones) y de dos partidos distintos (PSPV-PP) lanza un claro mensaje tanto al Gobierno como a Génova de que la reforma no puede aplazarse por una cuestión partidista.

Ante el interés del Gobierno de aplazar el debate, los presidentes autonómicos, entre ellos Puig, se mueven para que la reforma esté en la agenda política.

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