La alianza entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su homólogo andaluz, el popular Juanma Moreno Bonilla, para empujar al Gobierno central a reformar el modelo de financiación ganó ayer fuerza con la cumbre bilateral celebrada en Sevilla en la que ambos acordaron un documento de once puntos con el que esperan sentar las bases de un nuevo reparto de los fondos que acabe con la infrafinanciación y rompa con el actual statu quo.
Sin embargo, la jornada, que arrancó de forma exitosa para los intereses del Consell, quedó deslucida por la creciente tensión interna dentro del Botànic. Casi al mismo tiempo en que Puig sellaba el pacto con Moreno Bonilla, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el nuevo vicepresidente de Podem, Héctor Illueca, comparecían ante la prensa en València para hacer estallar otra bomba: la petición de incidir en la fiscalidad verde y, en particular, activar la tasa turística para 2022.
La pinza de Compromís y Unides Podem para subir los impuestos aumenta la presión interna después de una semana ya intensa en la que la responsable de Compromís ha forzado a Presidencia a aceptar la creación de una comisión política para debatir las cuentas públicas del año próximo.
La posición del PSPV, que el propio Puig recordó durante su intervención ante la prensa, es no subir los impuestos, de ahí que esta nueva andanada de los socios causó en un hondo malestar en el entorno del presidente. Compromís además criticó ayer a la consellera Bravo por su gestión con los instructores del Ivaspe.
Ruido interno al margen, Puig logró su objetivo de sumar a su batalla por la reforma de la financiación a una comunidad del peso poblacional y político de Andalucía. Tras una reunión de más de dos horas, Puig y Moreno Bonilla comparecieron en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para dar a conocer el documento que incorpora cuestiones claves como la suficiencia financiera y la equidad y plantea el criterio de la población ajustada como la prioritaria en el reparto.
El acuerdo, que incluye la reclamación conjunta de un fondo de compensación mientras se reforma el modelo, tiene el plus añadido de estar suscrito por mandatarios de partidos políticos distintos. «La foto es el fondo», comentaron desde Presidencia para destacar la importancia de esta unión.
Durante la atención a los periodistas, Puig y Bonilla se esforzaron en mostrar sintonía y se cuidaron de no pisar charcos, en particular, evitar el choque con la comunidad de Madrid a cuenta de la política tributaria. «Este acuerdo no va en contra de nadie no busca frentes», insistieron al alimón.
La cumbre bilateral revestía un interés especial, precisamente porque significa una alianza entre dos gobiernos de signo político distinto (PSOE y PP) que permite superar la dinámica partidista y mandar un mensaje potente. En el caso de Puig es una nueva vía para apretar al Gobierno de Sánchez para que acelere la reforma del modelo y cumpla con el compromiso de presentar la propuesta antes de acabar el año.
Moreno Bonilla, que al igual que Puig, ha convertido la infrafinanciación en una de sus principales banderas pisa terreno en la acera popular donde Génova intenta guardar el equilibrio dado que otro de sus principales barones, el gallego Alberto Núñez Feijoo, tiene intereses distintos.
La cita ha permitido situar la reforma en la agenda política, aunque se corría el riesgo del efecto colateral, del que Presidencia trata de huir: que la lucha partidista derive en una guerra territorial.
De hecho, ayer mismo se reactivó el eje de la España despoblada, que reúne a territorios, también de ambos signos políticos, que quieren diluir el peso de la población ajustada. Tal fue la situación que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, medió para pedir que no haya frentes territoriales.
El documento, que lleva por título Declaración Institucional por un Nuevo Modelo de Financiación Autonómica, contiene algunas novedades como un pacto para reclamar mayor capacidad de las comunidades autónomas de régimen común para «decidir sobre el nivel de sus ingresos», así como un acuerdo tácito para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un mecanismo transitorio de compensación para las comunidades infrafinanciadas que se estima en 1.700 millones.
Además, ambos coinciden en que el criterio de reparto territorial de recursos debe basarse en el concepto de población ajustada. En la línea de lo defendido por el Consell, la posición de ambas comunidades es que el nuevo modelo debe aportar más recursos a todas las comunidades (equidad vertical) y «corregir la inequidad horizontal» mediante un sistema que «tenga como criterio principal», la población ajustada
Durante la comparecencia ante la prensa, Puig subrayó la «normalidad de este puente de diálogo» entre comunidades y habló de «forjar una alianza de cooperación en aquello que nos une y nos urge, pensando en el bien general y sin establecer frentes, no queremos generar guerras estériles».
«No se va contra nadie»
Por su parte, Bonilla secundó esta idea del diálogo: «Esta reunión es positiva para Andalucía y València y para el conjunto de España. No se va contra nadie», defendió. Bonilla y Puig admitieron que la financiación es un problema complejo, pero coincidieron en que el objetivo es alcanzar un acuerdo lo más rápido posible. «Hay que tapar nuestra hemorragia financiera», apuntó Bonilla. «Esta situación no es sostenible», apostilló Puig.
El presidente andaluz añadió que espera que la cita provoque una reacción en el Gobierno. «Generamos sinergias para que se abra el debate», añadió, al tiempo que pidió «repensar» la forma de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Puig abogó por instrumentos federalizantes. Y hablaron de una próxima reunión con Murcia, también en el barco de la infrafinanciación.
Por otro lado, ambos coincidieron en lamentar que el nivel de ingresos está «limitado» porque carecen de capacidad normativa en la imposición directa. La voluntad es exigir al Gobierno mayor capacidad de decisión en los impuestos, es decir, aumentar la corresponsabilidad fiscal, algo que el Ejecutivo de Ximo Puig lleva reclamando desde hace tiempo. La cuestión es para qué se quiere mayor capacidad fiscal, si para subir o para bajar impuestos. Ni Bonilla ni Puig están ahora por lo segundo.
