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Análisis

La financiación entra en una nueva fase: evitar la inacción

La ministra ha dado pistas de que su propuesta será sensible al problema valenciano. La meta es impedir el inmovilismo, que beneficia a algún territorio y es cómodo a los grandes partidos

Montero (a la izquierda) visitó ayer Palma para negociar el factor de insularidad de Baleares. | EFE/CLADERA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó indicios claros el miércoles de que el documento base para la nueva financiación autonómica que presentará en noviembre será sensible con el agravio valenciano. Ella lo dijo claro en la tribuna del Congreso de los Diputados: «No hay justificación para explicar la diferencia de financiación, 800 euros per cápita, entre la comunidad mejor y la peor financiada. No hay variable que lo explique». Sobra decir que la peor tratada por el actual sistema de financiación es la valenciana.

Montero habló también de la necesidad de convergencia y cohesión territorial, en línea con el discurso reiterado del president de la Generalitat, Ximo Puig. Y expuso que el documento de noviembre fijará los criterios de ‘población ajustada’ para calcular los ingresos de cada territorio. Este concepto de población ajustada no es el mejor para la C. Valenciana (saldría ganando si se tuviera en cuenta la población, sin más ajuste), pero es el que el Consell defiende en pos de un consenso territorial. La clave será en qué inciden más los ajustes y hasta qué límite: dispersión, despoblación, población flotante... Montero incluso reconoció por primera vez la deuda acumulada por la infrafinanciación.

El esqueleto del nuevo modelo que pondrá el Gobierno encima de la mesa no acogerá así todas las demandas valencianas, pero sí las más importantes. Es una batalla que se puede empezar a dar por ganada después de años de presión social y política.

La meta, por tanto, ahora empieza a estar en conseguir que la reforma sea efectiva, que las «conclusiones» de los estudios que se presentarán en noviembre concluyan en una propuesta formal de reforma del modelo de financiación y que este se apruebe en el Congreso de los Diputados. No es fácil, porque en esta cuestión hay una parte que gana con el inmovilismo. Hay una serie de territorios (la España menos poblada) a los que les va bien con el actual sistema, como la propia Montero dijo y enumeró en la tribuna de oradores: Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, las dos Castillas, Aragón y Extremadura. Son cinco autonomías gobernadas por el PSOE, dos por el PP y una por un partido regionalista.

Por contra, las dos grandes comunidades de uno y otro partido, la valenciana y Andalucía, son a las que más urge la reforma.

El panorama muestra que el asunto es de compleja solución para los grandes partidos. Para ambos lo más cómodo sería no tener que hacer nada. La dificultad interna que plantea esta cuestión se puede ver en cómo la abordan en sus grandes documentos programáticos. El PSOE pasa de puntillas en su ponencia política para el próximo congreso, en octubre en València. Y lo mismo puede decirse del PP, aunque el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, dijera ayer que la formación tiene una posición «armonizada». La única armonía (se vio el miércoles en el Congreso) es en cargar contra el Gobierno por no haber presentado una propuesta (dato que es absolutamente cierto), pero no ofreció alternativa alguna. Porque es un charco.

Populares y socialistas celebran en días grandes cumbres en València. Deberían servir para que de ellas saliera un criterio armónico sobre financiación autonómica de cada partido. Y como son en València, deberían servir para una sensibilidad con el maltrato financiero a este territorio. El PSPV ha presentado enmiendas en este sentido a la ponencia de Ferraz. Habrá que ver qué sale.

Al final, aunque los territorios tengan voz, la ministra habló de un «máximo consenso posible», no de unanimidad, sobre la reforma. El Gobierno tiene el control además en el consejo de política fiscal y financiera. La prueba de fuego última siempre estará en el Congreso, donde se requiere mayoría absoluta. Así que sin diálogo PP-PSOE, el inmovilismo ganará.

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