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Aragón irá a los tribunales si el Gobierno acepta a Puig un fondo compensatorio

Lambán asegura que acudirá al Constitucional si Sánchez beneficia a Cataluña o acepta la reclamación de los presidentes valenciano y andaluz

Lambán, a la derecha, y el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ayer en Zaragoza. | EFE

Los bloques autonómicos que se han configurado para la batalla que se avecina por la reforma del modelo de financiación no entienden de partidos ni de ideologías. El ejemplo más claro es que el Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, y del que forman parte también Podemos y los regionalistas de PAR y CHA (aliados de Compromís), está dispuesto a acudir a los tribunales para frenar el fondo compensatorio que esta semana han reclamado el president de la Generalitat, el también socialista Ximo Puig y el andaluz Juanma Moreno Bonilla, del PP.

El presidente aragonés, Javier Lambán, mantiene que tanto si el Gobierno de España diera algún trato de favor a Cataluña a través de un nuevo Estatut como colofón a la mesa de diálogo con los independentistas o si el Ejecutivo de Pedro Sánchez autoriza el fondo compensatorio de 1.700 millones que Puig y Bonilla han reclamado esta semana hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación, el Gobierno de Aragón acudiría directamente al Tribunal Constitucional.

«Lo haríamos sin temblar y con absoluta determinación», aseguró ayer Lambán en un acto en Zaragoza. Aragón está alineado con el bloque de la España despoblada que reclama en la negociación de la financiación que se tengan en cuenta parámetros como la dispersión o el envejecimiento de la población frente al bloque infrafinanciado, con la Comunitat Valenciana, Andalucía o Murcia, o el de la España rica, del que formarían parte Madrid, Cataluña o Baleares, aunque esta también cabe en el bloque infrafinanciado.

Puig y Moreno Bonilla reclamaron el pasado martes en Sevilla una compensación de 1.700 millones por la infrafinanciación que a su vez ha generado una deuda histórica que por primera vez la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asumido. Lo hizo también esta semana durante su intervención en el Congreso el pasado miércoles en el Congreso en la que garantizó que en noviembre habrá un avance en la reforma.

Puig y Bonilla defienden la necesidad de que el Gobierno haga un esfuerzo con Andalucía y la Comunitat Valenciana para tapar una hemorragia que genera un maltrato claro a los ciudadanos de ambas autonomías.

Con todo, el presidente Aragón cree que sería el momento de que en España se produjeran grandes acuerdos entre el PSOE y el PP, incluso para orientar la gobernanza del país, pero eso «ni está a corto plazo «ni a medio se le espera».

Murcia se alía con la tesis de Puig

Mientras, el gobierno de Murcia, del PP con Vox, considera una buena noticia la reclamación de un fondo compensatorio. Miras resaltó ayer que los últimos informes nacionales e internacionales determinan que tanto la Región de Murcia como la Comunitat Valenciana son dos comunidades infrafinanciadas». López Miras añade que el actual sistema de financiación es injusto porque existe una diferencia abismal entre autonomías que genera desigualdades en las que hay españoles de primera y de segunda entre ellos valencianos, murcianos y andaluces.

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